Para Liadys Madrazo, el sueño de reunir a su familia en Estados Unidos se ha transformado en una experiencia amarga. A pesar de haber seguido todos los pasos del proceso de reunificación familiar de forma legal, su caso terminó con un sabor de injusticia. La razón: su padre trabajó para una empresa estatal en Cuba.
“Nosotros cumplimos y lo hicimos legalmente… y somos los que estamos siendo castigados”, lamenta Liadys.
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Su madre, ama de casa, recibió la aprobación inmediata de su visa. Pero su padre, de 60 años, fue sometido a una revisión adicional. Le pidieron completar un formulario para aclarar si había sido miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC). Catorce meses después de aquel paso burocrático, la respuesta fue devastadora: visa denegada.
El caso de la familia Madrazo no es aislado. La abogada de inmigración Joana Soler, del bufete de Willy Allen en Miami, asegura que al menos siete familias cubanas han recibido respuestas similares en los últimos meses. Todos ellos comparten un denominador común: uno o más familiares trabajaron en instituciones del Estado cubano, como el Ministerio de Salud o el de Educación, en roles como médicos, enfermeros, maestros o técnicos.
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“Estamos hablando de personas que, simplemente, ejercían su profesión en Cuba. No eran cuadros políticos, no hacían propaganda… eran empleados”, explicó Soler.
El argumento utilizado para negar las visas ha sido el mismo: vínculos pasados con el Partido Comunista o con el aparato estatal cubano.
La abogada explica que, en la mayoría de los casos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) ha sugerido que los solicitantes presenten un formulario I-601, conocido como perdón por inadmisibilidad. Pero esto, lejos de ser una solución clara, coloca a las familias en una posición delicada.
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“Pedir el perdón implica admitir que cometiste una falta”, aclara Soler. “Pero si tú llenaste los formularios con honestidad y dijiste que nunca fuiste miembro del Partido, pedir perdón sería contradecirte y podría parecer que mentiste”.
Por eso, en lugar de optar por el perdón, la abogada ha optado por otra vía: presentar evidencia que respalde la vida civil y profesional de sus clientes, argumentando que ser empleado del Estado en Cuba no debe equivaler automáticamente a ser parte activa del régimen político.
Esta serie de negaciones ha generado preocupación entre abogados y defensores de derechos migratorios. Para Soler, lo ocurrido revela una falta de coherencia dentro del propio sistema migratorio estadounidense.
“La política migratoria actual busca ser más organizada y consistente. Pero lo que ha pasado aquí muestra justamente lo contrario: inconsistencia. Estas personas están siendo tratadas como si fueran una amenaza, simplemente por haber trabajado en el sistema estatal de su país”.
Para familias como la de Liadys, el impacto no es solo legal o burocrático: es emocional. “Es mi padre. Es un hombre que ha trabajado toda su vida como técnico. Nunca ha hecho daño a nadie. Solo quiere estar con sus nietos”, dice con la voz quebrada.
Casos como este, en los que el proceso de reunificación familiar termina frustrado por criterios poco claros o interpretaciones rígidas, abren interrogantes sobre cómo se están aplicando las normas migratorias con respecto a los cubanos que llegan bajo procesos legales.
Mientras tanto, la esperanza no desaparece del todo. Las solicitudes de reconsideración han sido presentadas. Las pruebas están sobre la mesa. Y las familias, aunque heridas por la espera, siguen esperando el día en que podrán abrazarse sin fronteras de por medio.
“No queremos privilegios —dice Liadys—, solo justicia. Solo que se nos trate con humanidad”.
