Una de las pocas ventanas económicas que permanecía abierta para muchos emprendedores cubanos comienza a cerrarse. La plataforma de alquiler turístico Airbnb, que llegó a mostrar más de mil propiedades disponibles solo en La Habana, ha comenzado a reducir su huella en la isla. El motivo no es la falta de demanda turística, sino las nuevas restricciones financieras impuestas por regulaciones federales de Estados Unidos, que han complicado la operación para los anfitriones que no cuentan con conexiones bancarias fuera del país.
Hasta hace poco, arrendar una habitación o un apartamento a través de Airbnb era una de las formas más viables que tenían los cubanos para generar ingresos en moneda dura. Pero el modelo se tambalea: la plataforma exigió recientemente a sus usuarios en Cuba actualizar su método de pago, estableciendo que solo se aceptarán cuentas bancarias fuera del sistema financiero cubano.
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“Yo no he tenido problemas, porque mi cuenta está en Europa”, comenta Tiziano Santandrea, propietario de un alojamiento en La Habana. De nacionalidad italiana, Santandrea gestiona su propiedad desde el extranjero, con pagos que van directamente a su cuenta europea, fuera del alcance de las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses.
Esa, sin embargo, no es la realidad para la mayoría de los anfitriones cubanos, quienes ahora se enfrentan a una disyuntiva compleja: conseguir un intermediario bancario fuera del país —una solución no siempre legal o práctica— o abandonar la plataforma.
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Según varias fuentes en la isla que prefirieron mantenerse en el anonimato, agencias como Vacuba, con sede en Miami, actuaban como canal para procesar pagos de Airbnb, facilitando que el dinero llegara finalmente a los anfitriones. Intentamos contactar a Vacuba para confirmar esta información, pero hasta el momento no han ofrecido declaraciones.
El abogado Manuel Vázquez, conocido por su trabajo legal en litigios relacionados con el embargo a Cuba, advierte que los desafíos de los anfitriones van más allá del procesamiento de pagos. Vázquez representa a víctimas de confiscaciones de propiedades por parte del régimen cubano y recientemente ganó una demanda millonaria contra Expedia, por ofrecer hospedaje en hoteles construidos sobre terrenos expropiados ilegalmente.
“Airbnb también enfrenta una demanda por un caso similar”, explica Vázquez. “La acusación es que promovió y facilitó el uso comercial de propiedades confiscadas, lo que violaría la Ley Helms-Burton”.
Local
En paralelo, Airbnb ha restringido otra de sus funciones clave en Cuba: las llamadas “Experiencias”, actividades organizadas por locales para turistas. Estas experiencias, que iban desde clases de cocina hasta recorridos históricos, fueron una fuente de ingresos adicional para muchos cubanos creativos y con vocación de servicio. Hoy, ya no están disponibles en la isla.
El panorama es sombrío para quienes veían en Airbnb una vía de emprendimiento legítimo. La combinación de sanciones estadounidenses, regulaciones internas y presiones legales contra las plataformas turísticas, está desarticulando lo que fue, por años, uno de los pocos sectores privados cubanos con conexión directa al exterior.
Mientras tanto, muchos anfitriones guardan silencio, temerosos de represalias o de perder completamente su sustento. Otros buscan alternativas, como emigrar, reinventar sus negocios, o volver a métodos informales, fuera de las plataformas digitales.
La historia de los alquileres en Cuba —y de quienes los ofrecen— parece regresar a la sombra, justo cuando más necesitaban luz.
