Dos propuestas aprobadas recientemente por la legislatura estatal amenazan con recortar los salarios de decenas de miles de trabajadores contratados por el Condado Miami-Dade, desatando una intensa batalla legal que enfrenta a la alcaldesa Daniella Levine Cava y algunos comisionados contra las autoridades estatales.
Las polémicas leyes, que solo esperan la firma del gobernador para entrar en vigor, prohíben a los gobiernos locales exigir a los contratistas que paguen más del salario mínimo estatal, que se establecerá en $15 por hora en 2026. Esta medida amenaza los ingresos de numerosos empleados en diversos oficios, desde construcción y seguridad hasta limpieza, que actualmente disfrutan de mejores condiciones salariales gracias a los programas de contratación del condado.
"Estas leyes limitan nuestra libertad como comunidad para garantizar que nuestros residentes puedan ganarse la vida honestamente, pagar sus cuentas, conseguir buenos empleos y tener negocios exitosos", denunció la alcaldesa Levine Cava en un enérgico llamado al gobernador DeSantis para vetar las propuestas.
La preocupación es comprensible en un condado donde, como admite Celeste Balmaseda, residente de Miami-Dade, "prácticamente uno tiene que ahorrar una quincena entera para poder pagar la renta". En este contexto, la posibilidad de recortes salariales generalizados podría tener un impacto devastador en la economía familiar de miles de hogares.
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Si bien los legisladores habían propuesto inicialmente prohibir a los gobiernos locales superar el salario mínimo estatal a partir de este verano, un último acuerdo dilató la prohibición hasta septiembre de 2026. Sin embargo, esta prórroga no ha calmado las aguas en Miami-Dade.
La comisionada Eileen Higgins, quien ha viajado en repetidas ocasiones a Tallahassee para defender los programas de contratos del condado, advierte que "tenemos personas trabajando en construcción, en seguridad, en limpieza, muchas personas van a ser afectadas".
Higgins destaca que, a lo largo de los años, alrededor de 3,000 personas han participado en estos programas, que también brindan oportunidades a pequeños negocios locales, un sector que también se vería perjudicado por las nuevas leyes.
Local
Ante esta situación, la alcaldesa Levine Cava ha lanzado un enérgico llamado al gobernador DeSantis: "Le pido que vete estos dos proyectos de ley, que proteja los salarios y los pequeños negocios locales".
Por su parte, el representante estatal Hector Fabricio, patrocinador de uno de los proyectos y quien votó a favor de ambos, justificó su respaldo argumentando que la medida busca fomentar la competencia y ahorrar dinero a los contribuyentes.
Mientras el gobernador guarda silencio, la incertidumbre se cierne sobre los trabajadores de Miami-Dade, quienes se enfrentan a la posibilidad de ver recortados sus ingresos en un entorno de alto costo de vida. Esta batalla legal no solo representa una lucha por la justicia laboral, sino también un choque de visiones sobre el papel del gobierno y la protección de los derechos de los trabajadores y las pequeñas empresas locales.
