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Audiencia para demanda por parole humanitario será el 25 de abril

La decisión tomada por la corte sugiere que -al menos por ahora- nada va a cambiar en el programa del parole humanitario. Parece el inicio de otra batalla en corte que pone al fenómeno migratorio en el centro de la polarización política.

Telemundo

La decisión tomada por la corte sugiere que -al menos por ahora- nada va a cambiar en el programa del parole humanitario. Parece el inicio de otra batalla en corte que pone al fenómeno migratorio en el centro de la polarización política.

La orden, firmada en el distrito sur de Texas, convoca a las partes involucradas para la primera audiencia, el próximo 25 de abril.

“Me luce que el programa parole va a seguir caminando hasta que tenga la corte inicial”, dice Willy Allen.

Esa es la interpretación de abogados. El documento que trascendió este miércoles no hace referencia a una orden de suspensión temporal del parole humanitario, hasta ahora.

“Creo que en este momento no lo van a suspender hasta tener una audiencia sobre los méritos”, dice Soto.

Trasciende a menos de 24 horas de que 20 estados de administración republicana, liderados por Texas, establecieran una demanda en corte contra el departamento de seguridad nacional, argumentando que la administración Biden emplea el parole como un programa alternativo de visas y que no cumple sus principios legales. 

“La razón que está dando el gobierno es -primero: que ese trata de una forma de lidiar con países en crisis, segundo, que era necesario parar la entrada desproporcionada de esos países por frontera”, dice Allen.

“Porque en vez de venir de la forma que estaban llegando: ilegal y desordenadamente, están entrando legalmente”, dice Soto.

Abogados coinciden en que esos son los méritos humanitarios y de interés público para EEUU. Que el gobierno defenderá en corte.

“Al final del día es una demanda más política que legal. Tenemos dos gobernadores – el de Florida y de Texas- que pueden ser candidatos a la presidencia. Esto tiene una atmósfera legal”, dice Allen.

En el cuerpo de la demanda los estados exponen que el nuevo programa significaría una carga pública para las economías locales pero sólo acuden a cifras de migrantes indocumentados, algo que no aplica a este caso.

“¿Daño irreparable a los estados? Eso es muy difícil de comprobar. “

Finalmente, a aquellos en el proceso, recomiendan:

“Aquellos que están aprobados y tienen aún 90 días para venir. No tomen riesgos y vengan tan pronto como puedan”.

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