La tranquilidad de una jornada escolar en MAST Academy, ubicada en Virginia Key, se vio interrumpida este jueves por la mañana tras la circulación de una amenaza en redes sociales que activó un protocolo de seguridad en el centro educativo. El incidente culminó con el arresto de una persona, aunque las autoridades no han confirmado si se trata de un estudiante.
Los más de 1,500 alumnos de la institución pudieron salir en su horario habitual, pero lo hicieron bajo la mirada de un fuerte despliegue policial que, por momentos, generó preocupación entre los familiares que esperaban a sus hijos.
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Para algunos padres, esta situación no es nueva. Según denunciaron, se trata de la segunda amenaza en lo que va de febrero, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad dentro de la escuela.
Nicole Landero, cuya hermana estudia en MAST Academy, expresó su preocupación: "Me asusta porque mi hermana viene a la escuela y su seguridad es algo que me importa mucho".
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Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade emitieron un comunicado en el que aseguraron estar tomando el caso con seriedad y recordaron a los padres la importancia de dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales.
"Aquellos involucrados podrían enfrentar serias consecuencias", advirtió la institución.
Este tipo de amenazas, incluso cuando resultan ser falsas, demandan un gran despliegue de recursos por parte de las autoridades. Según expertos en seguridad, resolver un caso puede tomar desde ocho hasta más de 40 horas, dependiendo de la complejidad de la investigación y de la necesidad de involucrar a agencias externas.
Un estudio publicado por la empresa de soluciones tecnológicas TDR reveló que, durante el año escolar 2023-2024, se registraron en Florida 1,564 amenazas a escuelas a través de plataformas digitales, consolidando al estado como el de mayor incidencia en todo el país.
Los costos derivados de estas amenazas han sido astronómicos, superando los 65 millones de dólares, incluyendo los gastos en operativos de seguridad, investigaciones y apoyo en salud mental para estudiantes y docentes afectados.
Las autoridades han reiterado que cualquier persona que participe en la difusión de amenazas en entornos escolares enfrentará sanciones severas. Para los estudiantes, esto podría significar desde la expulsión inmediata hasta procesos judiciales que podrían derivar en antecedentes penales.
Para los padres, el impacto no solo es emocional, sino también financiero, ya que podrían verse obligados a enfrentar costosos procesos legales derivados de la conducta de sus hijos.
