La candidata al Concejo Municipal de Doral, Irina Vilariño, acusa a la alcaldesa Christi Fraga de intentar eliminarla de la contienda. Vilariño, una empresaria cubanoamericana, afirma que Fraga, a través de su Comité de Acción Política, pagó a una firma de abogados para representar a Emmanuel Sarmiento, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Doral, en una demanda que cuestionaba su elegibilidad para postularse.
Vilariño sostiene que la demanda, que alegaba que no había residido en Doral durante los últimos dos años, carecía de pruebas suficientes para justificar su presentación. "Es lamentable, porque me gusta hacer las cosas de buena fe", comentó la candidata, quien considera que el intento de impugnar su candidatura es un esfuerzo por interferir en un proceso democrático que no favorece a Fraga.
Por su parte, la alcaldesa Fraga admitió públicamente que su Comité de Acción Política financió la representación legal de Sarmiento, y defendió su acción como un acto de transparencia. "Nunca hemos escondido eso. Somos una organización de abogacía", declaró Fraga, subrayando que su objetivo es proteger la integridad de las elecciones en la ciudad.
La disputa entre ambas políticas refleja la tensión existente en el Concejo Municipal de Doral, donde la alcaldesa no cuenta con el respaldo necesario para aprobar ordenanzas sin consenso. Con tres de los cinco concejales en desacuerdo con sus propuestas, Fraga enfrenta dificultades para avanzar su agenda, lo que añade un componente estratégico a la elección de nuevos miembros del concejo.
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Vilariño, consciente de esta dinámica, ha resaltado la debilidad política de la alcaldesa, quien -según ella-, depende de ganar apoyo dentro del Concejo para poder gobernar con eficacia. "Para ella pasar cualquier ordenanza en la ciudad, tiene que tener tres votos en el Concejo, pero en este momento es una alcaldesa débil", señaló la candidata.
En medio de este ambiente electoral tenso, un juez determinó que Vilariño sí cumple con los requisitos de residencia necesarios para postularse, desestimando la demanda en su contra. Sin embargo, Fraga no ha dudado en expresar su descontento con la decisión judicial, argumentando que los jueces evitan involucrarse en la política o decidir quién debe estar en la boleta electoral.
Vilariño, por su parte, reafirmó su compromiso con la ley y aseguró que si es elegida, su prioridad será la seguridad pública. "Ella puede pensar lo que quiera ... yo cumplo la ley", dijo.
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Con el veredicto del juez a su favor, Vilariño sigue en la carrera por un puesto en el Concejo Municipal de Doral, y el desenlace de esta disputa quedará en manos de los votantes en las elecciones de noviembre.
