WASHINGTON - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzará hoy a revisar, caso por caso, los procesos judiciales de deportación de 300,000 indocumentados, con el fin de centrarse en los que supongan un peligro para la seguridad nacional.
La agencia federal encargada de regular la inmigración emitirá hoy directrices para iniciar las primeras fases prácticas de la revisión de los casos judiciales, según informa el diario The New York Times.
Las autoridades pondrán así en marcha el proceso anunciado en agosto por el presidente Barack Obama, que aseguró que muchos de esos inmigrantes ilegales podrían solicitar permisos de trabajo.
El objetivo del nuevo enfoque, según el Gobierno, es centrar los esfuerzos de las autoridades de inmigración en los indocumentados con antecedentes penales o que supongan una verdadera amenaza para la seguridad nacional.
Esa política disminuiría las deportaciones de los indocumentados que sean estudiantes, miembros del servicio militar, mayores de 65 años o familia cercana de ciudadanos estadounidenses, entre otros, según la directiva de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Aunque el anuncio de Obama suscitó grandes esperanzas entre muchos inmigrantes de todo el país, hasta ahora no se ha aplicado más que en algunos casos aislados, lo que ha desilusionado a muchos indocumentados que esperaban ver aliviadas sus órdenes de deportación.
En la fase que comienza hoy, y que se prolongará hasta el próximo 13 de enero, los abogados del ICE comenzarán a revisar los casos nuevos que lleguen a los tribunales de inmigración de todo el país, con la intención de cerrar aquellos calificados de "baja prioridad" según la nueva directiva, antes de que sean presentados al juez.
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Al mismo tiempo, los casos de inmigrantes que sí sean considerados peligrosos serán seleccionados para su trámite dentro de un calendario especial que acelerará sus audiencias ante los jueces.
Simultáneamente, el 4 de diciembre los agentes pondrán en marcha una segunda fase, que consistirá en programas piloto de seis semanas en las que los abogados peinarán la lista de casos pendientes en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), según The New York Times.
