La Corte Suprema de Justicia dictaminó el martes que los programas estatales que proporcionan dinero para la matrícula de escuelas públicas no pueden excluir a aquellas que ofrecen instrucción religiosa.
La decisión relajó las restricciones de larga data sobre el uso del dinero de los contribuyentes para pagar la educación religiosa, reduciendo aún más el muro de separación entre la iglesia y el estado. La votación fue 6-3, con la disidencia de los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
En la cuestión estaba un programa estatal en Maine que puso dinero de los contribuyentes a disposición de las familias que viven en áreas remotas sin escuelas secundarias públicas. Según la ley estatal, podrían usar el dinero para la matrícula de sus hijos en escuelas públicas o privadas en otras comunidades, pero no para escuelas sectarias, definidas como aquellas que promueven una fe o sistema de creencias en particular y enseñan material “a través de la lente de esta fe”.
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