California y San Francisco demandaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las restricciones que se les han impuesto a la ciudades santuario sobre las concesiones de seguridad pública.
El anuncio fue realizado el lunes por Dennis Herrera, procurador general de la ciudad de San Francisco y por Xavier Becerra, procurador general de California.
"Este presidente está empeñado en vilipendiar a los inmigrantes y castigar a las ciudades que priorizan la seguridad pública real y efectiva sobre la división de familias trabajadoras", dijo Herrera.
El viernes la Ciudad de San Francisco introdujo una demanda contra el Fiscal General de los Estados Unidos Jefferson B. Sesiones III, El Procurador General Adjunto Alan R. Hanson y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Trump ha amenazado con quitarle los fondos federales a las ciudades santuario por sus política de no colaboración con agentes de inmigración.
"La Administración Trump no puede manipular los requisitos federales de fondos de subvenciones para presionar a los estados, condados o municipios para que hagan cumplir las leyes federales de inmigración", Becerra añadió “al imponer condiciones inconstitucionales de cumplimiento de inmigración en las concesiones de seguridad pública, la Administración Trump está amenazando con dañar una serie de iniciativas de aplicación de la ley en California. Se trata de una intimidación puramente intencionada para obligar a nuestra policía a cambiar las políticas y prácticas que han determinado para promover la seguridad pública”.
De ser suspendidos los fondos a las ciudades santuario, California podría perder 28,3 millones de dólares mientras que San Francisco perdería 1,4 millones de dólares, lo que afectaría a los programas de 7 departamentos de la ciudad incluyendo el de policía, la Oficina del Alguacil, La oficina del Fiscal de Distrito y la Oficina del Defensor Público.
EEUU
Así mismo, el recorte del presupuesto afectaría iniciativas diseñadas para disuadir el uso de drogas, proporcionar servicios a jóvenes en riesgo y supervisar a los probatorios con problemas de abuso de sustancias o de salud mental.
