Nueva York

Acusan de delito federal de odio al sospechoso de matanza en Buffalo

El sospechoso ya enfrentaba una cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional si era condenado por cargos estatales presentados anteriormente en la masacre del 14 de mayo.

Telemundo

NUEVA YORK - El joven sospechoso de matar a 10 personas en un ataque racista en un supermercado de Buffalo fue acusado el miércoles de delitos federales de odio y podría enfrentar la pena de muerte.

La denuncia penal presentada el miércoles contra Payton Gendron coincidió con una visita a Buffalo del fiscal general Merrick Garland. Se esperaba que el fiscal general abordara los cargos federales y se reuniera con las familias de las personas que fueron asesinadas.

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Garland colocó un ramo de flores blancas atado con una cinta amarilla en un monumento a las víctimas fuera de la tienda, que ha estado cerrada y en proceso de renovación desde el ataque.

El sospechoso ya enfrentaba una cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional si era condenado por cargos estatales presentados previamente en la tragedia del 14 de mayo.

El ataque, en el supermercado "Tops Friendly Market", también dejó tres sobrevivientes: una persona afroamericana y dos blancos. La evidencia balística indicó que el sospechoso disparó aproximadamente 60 tiros durante el ataque, según una declaración jurada presentada con la denuncia penal.

La visión radical y racista del sospechoso y la extensa preparación para el ataque se establecieron en documentos que aparentemente escribió y publicó en línea poco antes de que las autoridades dijeran que comenzó a disparar.

Los agentes del FBI que ejecutaban una orden de allanamiento en la casa del sospechoso al día siguiente del tiroteo encontraron una nota en la que se disculpaba con su familia por la balacera y afirmaba que “tenía que cometer este ataque” porque le importa “el futuro de la raza blanca”, según una declaración jurada presentada con la denuncia penal.

El sospechoso firmó la nota y la dirigió a su familia, según la declaración jurada.

Los agentes en la casa de Conklin, Nueva York, también encontraron un recibo de una barra de chocolate comprada en el supermercado el 8 de marzo, el día que el sospechoso dijo en un diario en línea que fue a explorar la tienda, así como bocetos dibujados a mano del diseño del supermercado, decía la declaración jurada.

La declaración jurada también incluye relatos detallados del complot del sospechoso para atacar el negocio, que documentó en detalle en un diario en línea, y el ataque en sí, que transmitió en vivo en las redes sociales.

En sus escritos, el sospechoso adoptó una teoría de conspiración sin fundamento sobre un complot para disminuir el poder de los estadounidenses blancos y “reemplazarlos” con personas de color, a través de la inmigración y otros medios.

Las publicaciones detallan meses de reconocimiento, investigación demográfica y práctica de tiro para un baño de sangre destinado a asustar a todos los que no son blancos y cristianos para que abandonen el país.

El sospechoso condujo más de 200 millas desde su casa en una ciudad casi totalmente de comunidad blanca cerca de la frontera entre Nueva York y Pensilvania hasta una parte predominantemente negra de Buffalo. Allí, dicen las autoridades, acribilló a compradores y trabajadores con un rifle estilo AR-15, usó chalecos antibalas para protegerse y transmitió en vivo la masacre desde una cámara montada en un casco.

El rifle del sospechoso tenía escritos, incluidos los nombres de otras personas que cometieron tiroteos de este tipo, insultos raciales y declaraciones como "¡Aquí está su reparación!", y una referencia a la teoría del reemplazo, según la declaración jurada.

El joven de 18 años se entregó a la policía cuando salía del supermercado.

Este se declaró inocente de un cargo de terrorismo doméstico estatal, incluido el terrorismo doméstico motivado por el odio y el asesinato.

Según los documentos en línea atribuidos al sospechoso, había explorado el supermercado en marzo y dibujó mapas e incluso contó la cantidad de personas negras que vio allí.

Las autoridades federales habían dicho que estaban considerando cargos por delitos de odio en los asesinatos, lo que agravó el número constante de violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

Diez días después del ataque en Buffalo, otro joven de 18 años abrió fuego con un rifle semiautomático en una escuela primaria de Uvalde, Texas, y cobró la vida de 19 niños y dos maestros.

Poco después, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó 10 proyectos de ley relacionados con la seguridad pública, incluido uno que prohibía a los neoyorquinos menores de 21 años comprar rifles semiautomáticos y otro que revisaba la ley de "bandera roja" del estado, que permite a los tribunales retirar temporalmente armas de personas que podrían ser una amenaza para ellos mismos o para otros.

El Senado de EEUU siguió el 12 de junio con un acuerdo bipartidista sobre restricciones federales de armas de fuego más modestas y esfuerzos intensificados para mejorar la seguridad escolar y los programas de salud mental.

Es probable que el caso presente un dilema para Garland, quien prometió priorizar agresivamente los enjuiciamientos de casos de derechos civiles, pero también instituyó una moratoria en las ejecuciones federales el año pasado después de una serie sin precedentes de penas capitales al final de la administración Trump.

La moratoria establecida en julio de 2021 impide que la Oficina de Prisiones lleve a cabo ejecuciones. Pero el memorando no prohíbe que los fiscales federales busquen la pena de muerte, una decisión que finalmente recaerá en Garland. La administración de Biden solicitó previamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que restableciera la sentencia de muerte original del atacante del maratón de Boston.

Las ejecuciones se han detenido mientras el Departamento de Justicia lleva a cabo una revisión de sus políticas y procedimientos para la pena capital. La revisión, que está en curso, se produce después de que 13 personas fueran ejecutadas en el complejo penitenciario federal de Terre Haute, Indiana, entre julio de 2020 y enero de 2021.

El presidente Joe Biden ha dicho que se opone a la pena de muerte y su equipo prometió que tomaría medidas para detener su uso mientras esté en el cargo.

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