Gobierno intenta acelerar veto a militares transgéneros

La administración de Trump ha pedido a la Corte Suprema revisar los fallos.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó el sábado al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre su proyecto de ley para vetar la incorporación de personas transgénero a las Fuerzas Armadas, informaron medios locales.

El fiscal federal Noel Francisco presentó el sábado ante la Corte la documentación necesaria para solicitar su parecer sobre tres casos diferentes que ponen en entredicho la legalidad de esta prohibición y que aún están siendo juzgados por tribunales de apelación.

En agosto del año pasado, el mandatario decidió prohibir la presencia de transexuales en las Fuerzas Armadas, decisión que acabó siendo bloqueada por diversos tribunales al considerar que esta norma atentaba contra el derecho de igualdad.

Aun así, el Ejecutivo siguió trabajando en el asunto y en febrero el Pentágono envió una recomendación a la Casa Blanca en la que si bien se abogaba por no expulsar a los militares transexuales, se aconsejaba que no se permitiera el alistamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo.

Finalmente, la cartera de Defensa presentó en marzo una normativa que establecía que las personas con "un historial de disforia de género (...) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas", pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.

Tampoco esta normativa se pudo implantar puesto que, además de generar el rechazo de numerosos grupos sociales y de parte del estamento militar, fue nuevamente bloqueada por la Justicia por considerar que atentaba contra los derechos constitucionales por tratarse de una medida discriminatoria.

En su solicitud, la Administración alegó que este bloqueo "ha forzado al Ejército a mantener una política anterior durante casi un año", a pesar de que un informe elaborado por el Pentágono y suscrito por el secretario de Defensa, James Mattis, establece que la incorporación a filas de estas personas "pone en riesgo la letalidad y eficacia militar".

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