Un juez federal paralizó una ley estatal de California (EEUU) que obligaba a los ciudadanos de este estado a deshacerse antes del 1 de julio de los cargadores de armas con una alta capacidad de albergar munición que tuvieran en su poder.
Según informó el diario Los Ángeles Times, el juez federal Roger T. Benítez admitió la solicitud de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) y estableció una orden temporal para bloquear esta ley, que planteaba multas y hasta penas de cárcel para aquellos que conservaran los cargadores de alta capacidad.
"Si no se promulga esta orden temporal (en contra de la medida), cientos de miles, si no millones, de ciudadanos que respetan la ley afrontarán una decisión insostenible: convertirse en delincuentes o desprenderse de una propiedad legalmente adquirida", escribió el magistrado.
El abogado C.D. Michel, que representa los intereses de la NRA, emitió un comunicado saludando la decisión del juez Benítez.
"Mis clientes están satisfechos de que la corte haya afirmado que la Segunda Enmienda (de la Constitución) no es un derecho de segunda clase, y que los propietarios de armas que cumplen la ley tienen el derecho de elegir tener esos cargadores para ayudarse a defenderse a sí mismos y a sus familias", afirmó.
Los partidarios de la Proposición 63, que los californianos votaron y aprobaron el pasado noviembre, sostienen que este tipo de cargadores de alta capacidad son los que habitualmente se han empleado en matanzas ocurridas en suelo estadounidense, como las de la escuela Sandy Hook (2012) o el instituto Columbine (1999).
