El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció el martes que tras una investigación independiente no presentará cargos criminales contra los dos oficiales Sacramento que dispararon y mataron a Stephon Clark el año pasado.
Becerra aseguró que "después de revisar extensamente el registro, encontramos que la evidencia no apoyaba la presentación de cargos penales contra los oficiales involucrados en el tiroteo. Nos acercamos a nuestra investigación independiente con una mente abierta, y nuestra toma de decisiones se basó en un solo factor: la evidencia. La muerte de Stephon Alonzo Clark pesa mucho en nuestra comunidad y en nuestros corazones, y es por eso que debemos continuar nuestro trabajo con las agencias de cumplimiento de la ley en el estado para desarrollar las mejores prácticas y fortalecer la confianza entre los oficiales de paz y las comunidades que juran proteger."
El procurador dijo que la perdida de Clark fue una gran tragedia "y es el tipo de tragedia que hemos soportado muchas veces en nuestro estado y nación".
Las declaraciones de Becerra llegan tras el al anuncio del fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, que decidió no procesar a los agentes involucrados en el tiroteo ya que no infringieron ninguna ley cuando le dispararon a Clark, de 22 años.
Tras el tiroteo Terrance Mercadal y Jared Robinet, ambos oficiales de policía de Sacramento, afirmaron que pensaron que Clark se les acercaba con un arma cuando en realidad lo que tenía en la mano era su teléfono celular.
Mercada y Robinet lo perseguían en respuesta a reportes sobre una persona que rompía ventanas.
Clark recibió un disparo en el patio trasero de su abuelo.
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La familia de Clark y líderes de la comunidad afroamericana instaron a Becerra presenta cargos en contra de los agentes.
Durante el lunes en la noche un total de 80 personas fueron arrestadas tras participar en una manifestación en apoyo a familiares de Clark.
Adicionalmente, legisladores intentaron buscar apoyo para que se apruebe la propuesta SB 392 que obligaría al departamento de policía despedir a los oficiales que usen fuerza excesiva en cualquier caso. Además, la Fiscalía podría entablar cargos criminales a los agentes.
