Congreso: a discusión bienes confiscados en Cuba

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    Un panel del Congreso de Estados Unidos discutirá este jueves el espinoso tema de los derechos de propiedad en Cuba a la luz de la nueva política establecida por la Casa Blanca para normalizar relaciones con la isla.

    La audiencia se efectuará en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, a partir de las 10 a.m., y contará con la participación de conocidos especialistas sobre las reclamaciones de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses tras la implantación de un régimen comunista en Cuba.

    La discusión se efectuará en el subcomité para el Hemisferio Occidental, que preside el representante republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur).

    “Esta audiencia examinará el total desprecio del gobierno cubano de los derechos de propiedad, lo que ha impactado a miles de ciudadanos estadounidenses y cubanos por igual. Cuando Fidel Castro tomó el brutalmente el poder en 1959, confiscó la propiedad tanto de titulares estadounidenses como de cubanos -algunos a punta de pistola- sin dar ninguna compensación a cambio. Sin embargo, la Administración de Obama ha procedido con las conversaciones hacia la normalización de las relaciones con Cuba, sin dar prioridad a la justicia para los reclamantes estadounidenses cuyas propiedades y bienes fueron robados”, dijo Duncan en una declaración escrita.

    El legislador recordó que esos reclamos de propiedad representan la pérdida de miles de millones de dólares y marcan “un flagrante desprecio por la importancia de los derechos de propiedad y el imperio de la ley”.

    El tema de las propiedades confiscadas en Cuba se ha convertido en un tópico significativo durante las recientes discusiones para  conformar el presupuesto fiscal del 2016. Sendas provisiones legales incorporadas a las asignaciones presupuestarias de los departamentos de Tesoro y Transporte impiden operaciones comerciales y viajes aéreos o marítimos relacionados con propiedades expropiadas a sus antiguos dueños mediante las leyes revolucionarias.

    Numerosos legisladores y figuras políticas han esgrimido la negociación sobre propiedades confiscadas en Cuba como un requisito para el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

    Algunos expertos consideran incluso que el litigio por los bienes confiscados a estadounidenses debe ser resuelto antes de reanudar relaciones diplomáticas, como estipula la Ley de Asistencia Extranjera (FAA) de 1961.

    Poco antes de abrirse la primera ronda de conversaciones en La Habana, el pasado enero, el senador cubanoamericano Bob Menéndez escribió una carta al Secretario de Estado, John Kerry, exhortándolo a dar prioridad a los ciudadanos y negocios estadounidenses afectados a manos del gobierno de Castro antes de otorgarle “otras concesiones políticas y económicas”.

    El balance de las propiedades y otros bienes confiscados incluye 5,911 reclamaciones de firmas corporativas y ciudadanos estadounidenses afectados mediante el Decreto Ley 851 del gobierno revolucionario del 6 de julio de 1960.

    Estas expropiaciones aparecen certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros (FCSC, por sus siglas en inglés) por  una suma de 1,800 millones de dólares, aunque el valor actual ronda 8,000 millones de dólares, calculados por adición de un interés simple del 6% por cada año transcurrido.

    Pero otro acápite pendiente sobre los bienes ocupados por el régimen castrista es el de 500 familias cubanas que perdieron sus propiedades por el Decreto Ley 890 del 13 de octubre de 1960 y otras leyes posteriores de expropiación, que se prolongaron hasta 1968 con la llamada “ofensiva revolucionaria”.

    Se estima que el 95 % de las propiedades intervenidas eran de dueños cubanos, con un valor aproximado de 150,000 millones dólares en 1960. La casi totalidad de lo expropiado, incluyendo grandes latifundios y fincas con más de 77 hectáreas, está actualmente en manos estatales y cooperativas.

    Sin embargo, los propietarios cubanos no están certificados por la FCSC, y no serían considerados como parte de una solución negociada entre ambos gobiernos.

    Solo la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton), de 1996, condiciona cualquier cooperación con Cuba a la devolución de las propiedades confiscadas a estadounidenses y a “progresos significativos” en la compensación que reclaman los cubanos expropiados, tanto exiliados como residentes en la isla.

    De manera que el subcomité congresional tendrá este jueves suficiente tela para cortar en la sesión, titulada “El futuro de los derechos de propiedad en Cuba”.

    Una primera mesa contará con la participación del ex presidente de la FCSC, el abogado Mauricio Tamargo, y de David Bradley, ex consejero principal de misma entidad. Una segunda parte de la sesión estará a cargo de los testimoniantes Javier Garcia-Bengochea y Carolyn Chester Lamb, ambos reclamantes certificados por esa comisión federal.

    El subcomité de la Cámara para el Hemisferio Occidental cuenta entre sus miembros a los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida) y Albio Sires (D-Nueva Jersey), así como al representante Christopher H. Smith (R-Nueva Jersey), duro crítico del régimen de La Habana y opuesto a la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla.