Obispos suspenden el diálogo en Nicaragua

Conferencia Episcopal de Nicaragua suspende la mesa de diálogo nacional por falta de acuerdo.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) decidió suspender temporalmente la mesa de diálogo nacional por la falta de acuerdo existente entre el Gobierno, los estudiantes, la sociedad civil y el sector privado en temas como la democratización o los bloqueos en las carreteras.

"Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los obispos de la CEN, como mediadores y testigos, lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo", señaló el presidente de la CEN, Leopoldo Brenes.

Los obispos sugirieron "la conformación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impás" y destacaron "la búsqueda de la paz y el amor a Nicaragua" como la identidad común que les une a todos.

La decisión de la Iglesia era el resultado lógico de esta tercera sesión del diálogo nacional en la que el debate, de más de 7 horas de duración, no profundizó ni en la democratización planteada por todos los sectores menos el Gobierno, ni en la desinstalación de los bloqueos en las carreteras, la gran preocupación del Ejecutivo por sus graves consecuencias económicas y sociales.

Previamente, por la mañana, la mesa de diálogo nacional había planteado la propuesta de una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.

La propuesta, incluida en una agenda de discusión presentada por la CEN en su calidad de mediadora a partir de los planteamientos de los diferentes sectores representados en la mesa, fue recibida de forma virulenta por el Gobierno.

Esta agenda es "el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno", afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.

La iniciativa incluía una reforma constitucional para ser aprobada este año y ratificada el 10 de enero del 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convocara a elecciones generales en el primer trimestre de ese año, lo que supondría un adelanto de las presidenciales previstas para el año 2021.

"Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos", lamentó Moncada.

Ante esta reacción, el obispo Jorge Solórzano aclaró que "no estamos haciendo agenda, estamos recibiendo los diversos puntos, las diversas opiniones, y los presentamos en la mesa, porque es la población la que nos hace la agenda".

Por su parte, el obispo, Silvio Báez, rechazó esta acusación gubernamental.

"Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la mesa de diálogo", indicó.

El líder religioso recordó la grave crisis existente en Nicaragua y explicó la causa por la que la CEN había elegido una agenda cuyo objetivo era buscar una salida a la actual situación atacando el problema de "raíz".

"Hemos elegido la vía institucional en base a la Carta Democrática de la OEA y la Constitución de Nicaragua; la vía pacífica y estamos haciendo coherentes con esos objetivos", afirmó para agregar la necesidad de "ir a la raíz del problema político para allanar el camino para su democratización".

El cruce de acusaciones entre la delegación del Gobierno y los diversos representantes del resto de sectores derivó en un debate estéril que plasmó la enorme distancia de posturas entre el Ejecutivo, que se refería de forma permanente a los efectos de los bloqueos, y los opositores, quienes exigían un debate sobre la democratización y la institucionalidad de Nicaragua.

El jurista miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann afirmó que no tiene sentido hablar de "golpe blando" ya que lo que atraviesa Nicaragua es una "rebelión cívica porque el pueblo no tiene armas, las armas están del otro lado, del Gobierno".

El experto también recordó que la solución propuesta por la Alianza Cívica por la democratización de Nicaragua está basada en la Carta Democrática Interamericana que "establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".

Mientras tanto, en la ciudad de León (norte) esta noche rebrotaban los enfrentamientos entre los defensores y detractores del Gobierno de Daniel Ortega.

La suspensión del diálogo nacional no sólo agrava la crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos y 868 heridos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también abre ahora diversos interrogantes sobre el futuro a corto y medio plazo de un país completamente dividido.

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