Juez ordena diálogo de emisora con Aristegui

Juez ordena diálogo de emisora con Aristegui

Un juez mexicano falló el miércoles que el despido de la periodista mexicana Carmen Aristegui de la emisora de radio en la que trabajaba hasta el mes de marzo podría afectar un servicio público, ordenó que se abra un proceso de diálogo entre las partes y se suspenda provisionalmente la terminación del contrato.

La resolución emitida por el juez administrativo Fernando Silva afirma que el despido de Aristegui fue decidido "sin tener en consideración que se está en presencia por un lado de la concesión de un bien y servicio del estado y por otro de un ámbito de relevancia social, periodismo crítico".

Por eso, el juez ordenó celebrar un proceso de diálogo entre la emisora radial MVS y la periodista Carmen Aristegui "a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas".

La medida cautelar de suspensión del despido "se concede para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan", según el fallo. Esto es, se suspende cautelarmente el despido y se conmina a las partes a acordar, pero no se ordena la readmisión de la despedida.

La resolución del juez, además, no contempla plazos ni mecanismos de retorsión por incumplimiento.

El despido de Aristegui, junto al de varios miembros de su equipo, ha desatado un debate sobre la libertad de expresión en México.

El conflicto comenzó cuando la emisora despidió a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, del equipo de investigación de Aristegui.

El motivo fue, según la empresa, que ambos hicieron un uso indebido y sin permiso del nombre y los logotipos de la compañía al utilizarlos durante la presentación de MexicoLeaks, una plataforma que permite que se filtren documentos a un grupo de periodistas de manera anónima.

Tras sus despidos Aristegui solicitó a la empresa que los readmitiera. La empresa reaccionó explicando que el motivo de los despidos era la "pérdida de confianza" en ellos y despidió también a Aristegui alegando que no permitía exigencias de sus empleados.

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Algunos, entre los que se encuentra la propia Aristegui, han relacionado la decisión de la empresa, que está adquiriendo dimensión de debate público nacional e internacional, con presiones del gobierno federal por las investigaciones que había hecho su equipo, en particular la revelación de que la primera dama de México vive en una mansión millonaria encargada a un contratista público cercano al presidente Enrique Peña Nieto. 

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