Denuncias comprometen a centro en asesinato

El asesinato del estudiante José Amaya Guardado, de 17 años, en el que estuvieron involucrados cinco estudiantes del centro Job Corps de Homestead, arrojó este jueves nuevas pistas a partir del testimonio de ex empleados de la institución.

Joseph Contreras, consejero vocacional de Job Corps, dice que hubo múlltiples recomendaciones que se le hicieron al centro por falta de seguridad y por la falta de consistencia con las leyes referente a la tolerancia de la violencia para prevenir hechos lamentables.

“No se le prestó mucha atención y desafortunadamente sucedió este evento trágico en el que perdió la vida un estudiante", dijo Contreras en entrevista exclusiva con Telemundo 51.

Contreras trabaja allí como consejero vocacional, pero al igual que decenas de empleados se quedarán sin empleo desde el 30 de octubre, tras el cierre de este centro a raíz de una investigación federal en marcha.

El grupo de trabajadores está considerando presentar una demanda contra la entidad educativa.

La decisión de clausurar la institución se produjo luego del asesinato a machetazos del joven Amaya Guardado.

Según un grupo de empleados que hablaron con Telemundo 51, directivos de Job Corps encubrieron el asesinato, que supuestamente dirigió Kajeem Arbelo, hoy en prisión al igual que el resto de los implicados.

De acuerdo con los testimonios, Arbelo les confesó a los estudiantes que había cometido el crimen porque la víctima le debía dinero. Los estudiantes escribieron esa información y la entregaron al centro, pero la dirección no se la ofreció a la policía.

Fue Contreras quien orientó a esos estudiantes que fueran a la policia y ayudaran a conseguir las herramientas y las armas con las cuales se cometió el crimen.

Cuando la policía fue a buscar a Arbelo ya el centro lo había dado de baja con una separación administrativa.

Los empleados entrevistados aseguran que el centro tenía suficientes evidencias contra los cinco estudiantes, pero no hizo nada.

Judie Jermine, supervisorora de dormitorios, señala que recibió una llamada de su jefe diciéndole que empacara todas las pertenencias de Desiree Strickland y Kajeem Arbelo, que las pusiera en un camión y lo llevara hasta una oficina en la administración.

Jermine agregó que los estudiantes implicados en el asesinato fueron enviados de inmediato a sus casas y que el centro no llamo a la policía. Además, sostiene que cuando se enteró de que eran sospechosos de un crimen, ella le preguntó al director del centro, sin recibir una respuesta apropiada.

“Ellos estaban protegiendo sus intereses y no les interesó la seguridad la del resto de los estudiantes ni del personal que trabaja acá”, opinó Contreras.

Los empleados alegan que tanto ellos como los estudiantes vivían bajo amenaza.

“Nos dijeron que si hablábamos con alguien que iba a haber consecuencias, ni con la prensa ni con nadie... A los estudiantes les dijeron que no podían hablar con la prensa ni dar testimonio de ningún tipo sobre lo sucedido”, añadió Contreras.

Diosdada Valera, empleada del centro, manifestó su contrariedad con lo que ocurrió allí.

“ Me siento mal porque yo siento que en realidad estábamos viviendo con los que hicieron el crimen, yo los veía por la mañana , yo los veía por la mañana, eso hace un stress en todo el mundo,...en todo el staff de aquí.... estamos devastados”, expresó Valera.

El asesinato de Ayala podría destapar graves irregularidades en un programa federal supuestamente diseñaado para proporcionarles oportunidades a jóvenes de bajos recursos, las cuales está esclareciendo la investigación en curso.

Telemundo 51 contactó al Departamento de Trabajo, responsabilizado del Centro Job Corps, pero nos remitió a la fiscalia estatal. Sin embargo, la fiscalía estatal nos señalo que cualquier alegación sobre posible obstrucción de la justicia o encubrimento de un crimen sucedido en una dependencia federal pasa a ser parte de la investigación federal.

 

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