El gobierno del presidente Joe Biden revocó oficialmente una normativa de la época de Donald Trump que impedía que los inmigrantes obtuvieran la residencia legal si se habían beneficiado de ciertas prestaciones del gobierno, lo que permitirá volver a una política anterior de menor alcance.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) dijo que una nueva norma para la llamada “carga pública” entraría en vigencia a fines de diciembre, aunque el gobierno de Biden ya había dejado de aplicar la versión anterior el año pasado.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró en un comunicado que el cambio “garantiza un trato justo y humano” hacia los inmigrantes. “En congruencia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar acceder a las prestaciones de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, aseguró.
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La anterior normativa de carga pública prohibía que las personas pudieran obtener tarjetas de residencia —las llamadas “green cards” (tarjetas verdes)— si significaban una carga para los contribuyentes de Estados Unidos. Durante los años anteriores al gobierno de Trump, se interpretó que eso dependía principalmente de la asistencia en efectivo, el mantenimiento de los ingresos o el apoyo del gobierno para la institucionalización a largo plazo.
El anuncio fue bien recibido por los defensores de los inmigrantes, que dijeron que la norma ampliada del gobierno de Trump había creado un ambiente difícil para quienes buscaban la residencia legal. “La regulación sobre carga pública causó tal temor entre los inmigrantes que buscaban solicitar legalmente una green card que muchos optaron por renunciar a la atención médica y al apoyo económico vital”, señaló en un comunicado el presidente de la American Immigration Lawyers Association, Jeremy McKinney. “Estos cambios para simplificar y desmitificar la norma realmente cambiarán vidas en toda nuestra nación”.
