El Decreto Ley 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” fue aprobado en marzo de este año pero su contenido no fue público hasta hoy.
Con la excusa de "actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones", la nueva normativa (creada por el Decreto y varias resoluciones) establece los límites de la libertad de expresión en redes sociales, los reclamos que pueden hacérsele al gobierno en internet y tipifica los llamados a manifestaciones pacíficas como delito grave de “ciberterrorismo".
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El régimen castrista publicó hoy el decreto ley 35 en el que restringen la libertad de expresión en internet para los cubanos.
Bajo este nuevo golpe, serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes.
Norges Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones, califica el decreto como un duro golpe a los deseos de libertad del pueblo cubano.
En la primera categoría se encuentra, por ejemplo, la difusión de noticias falsas, mensajes ofensivos o difamación con impacto en el prestigio del país.
También califican como difusión dañina, los contenidos que atentan contra la constitución. Preceptos sociales y económicos del estado, incite a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público o difundan mensajes que hagan apología a la violencia
Cuba
Con la etiqueta de ciberterrorismo, el régimen castrista definió las acciones que puedan alterar el orden constitucional o desestabilizar las instituciones políticas y de masas u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
En la nueva ley agregan como "acciones no autorizadas" la instalación de software no permitido, entre otras. En esta última entra el uso de las llamados VPN (redes virtuales privadas), una de las pocas maneras que tienen los cubanos de acceder a un internet sin censura.
