El Consejo de Estado de Cuba aprobó el decreto-ley "De Bienestar Animal", una legislación hasta ahora inexistente en el país y reclamada desde hace años por activistas y organizaciones defensoras de los animales.
La aprobación de la normativa estaba prevista para noviembre y su retraso provocó este mes la concentración de protestantes frente a la sede del Ministerio de Agricultura en La Habana, tras la cual el organismo aseguró que el decreto sería tramitado antes de que terminara febrero.
"Esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones y las personas naturales respecto a la protección y cuidado de los animales, y contribuirá a concienciar a la población en el respeto y la tenencia responsable de los mismos", señala una nota oficial del Parlamento cubano.
En la isla muchos celebraron la aprobación de esta política como un triunfo de la sociedad civil independiente que, al margen de las organizaciones de masas oficialistas, se ha articulado en los últimos dos años en torno a causas como la defensa animal, la lucha contra la violencia de género o los derechos de la comunidad LGTBI.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, definió el decreto como "moderno, atemperado a la Cuba actual y resultado del diálogo con la población, como fiel reflejo de nuestra democracia socialista".
En la elaboración, que ha tomado un año, participó un grupo de trabajo de 42 personas integrado por representantes de organismos estatales, centros de investigación, productores, criadores y asociaciones vinculadas con la crianza y producción animal, según detalló el director de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura.
La información difundida hasta el momento no menciona si el decreto declara ilegales las peleas de animales como perros y gallos, uno de los asuntos más denunciados por los activistas.
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También habrá que esperar a la publicación del texto completo para conocer qué tipo de sanciones se aplicarán a quienes violen las nuevas regulaciones.
La normativa "tiene como premisas fundamentales la conservación de la diversidad biológica, la cultura general integral de la población y la necesidad de evitar malos tratos, abuso y crueldad sobre los animales".
Entre las cuestiones que regula y define figuran las obligaciones de los veterinarios y de "las personas vinculadas a los animales productivos y de trabajo para evitar cualquier forma de maltrato animal y asegurar su bienestar en condiciones normales o en situaciones de desastres".
El cuerpo legal, que entrará en vigor noventa días después de su publicación en la Gaceta Oficial, dedica un capítulo a los animales de compañía y establece las condiciones que estos requieren cuando permanecen en espacios exteriores de la vivienda.
Otro de los asuntos que se abordan es el control de la población de animales callejeros, un tema que también ha provocado protestas de los grupos animalistas, que en varias ocasiones han denunciado la recogida masiva de perros para su sacrificio y defienden el rescate y la adopción frente a la eutanasia.
"El decreto-ley ratifica que la gestión de las poblaciones caninas callejeras se realiza según lo regulado por el Ministerio de Salud Pública en el Programa Nacional de Control y Prevención de Rabia y se establece la conducta a seguir con los animales callejeros una vez que hayan sido recolectados y trasladados a los centros de observación", indica el comunicado.
La normativa regula el uso de animales con fines de experimentación y los requisitos sanitario-veterinarios para la comercialización, transporte, estabulación, sujeción y sacrificio de animales.
Sobre este último apartado, se establece que se realizará "de forma compasiva y rápida, con evitación del dolor y el estrés, garantizando una correcta manipulación y la matanza de manera humanitaria".
