Carnival, primera compañía demandada en EEUU por apropiarse de terrenos confiscados en Cuba

Nuevas sanciones

Inician las primeras demandas. (Publicado jueves 2 de mayo de 2019)

El gigante de cruceros Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en Estados Unidos por presuntamente operar en terrenos confiscados en Cuba por el régimen castrista.

Este jueves fueron presentadas en una corte de Miami dos demandas contra la empresa de cruceros, precisamente el día en que entró en vigor el Título III de la ley Helms-Burton de 1996, el cual permite a ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) demandar en tribunales de EEUU a cualquier empresa que se haya beneficiado de propiedades que fueron confiscadas tras la revolución en la isla.

La primera fue interpuesta por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y la segunda por Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.

"Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden", escribió en Twitter el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel agregó en otro tuit que "no hay fuerza, amenaza o bloqueo" que pueda apartar a Cuba de sus "principios solidarios" hacia sus aliados, en referencia a las continuas presiones de Washington sobre la isla, a la que acusa de proveer de apoyo militar al gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump había advertido en diversas ocasiones que iba a dar este paso sin precedentes, aunque había mantenido la intriga con diversas prórrogas a la suspensión del Título III.

Finalmente, el pasado 17 de abril anunció la inminente activación de los Títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los demandados por el anterior), suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea (UE) y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas.

La decisión podría afectar a importantes empresas, como las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, y a otras europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, que operan -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- desde propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.

Otras compañías susceptibles de sufrir demandas son aerolíneas, como Lufthansa y Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi.

Todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton (1993-2001) habían mantenido desactivado el Título III hasta la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, quien apostó por ponerlo en vigor como parte de sus esfuerzos para lograr un cambio político no solo en Cuba si no también en Venezuela.

Familia cubana en EEUU anuncia demanda

[TLMD - MIA] Familia cubana en EEUU anuncia demanda

Para reclamar compensación por hoteles en terrenos de su familia.

(Publicado lunes 29 de abril de 2019)

El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, realizó el anuncio a mediados de abril durante un almuerzo cargado de simbolismo con el exilio cubano en Miami.

"A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar", dijo Bolton.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

Cuando se aprobó la ley en 1996, había "hasta 200.000" reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas, explicó la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, tras conocerse la decisión.

El valor que reclaman esos estadounidenses "podría rondar los decenas de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden presentar casos legales o no", agregó Breier.

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