Inmigrante refugiado en iglesia espera un milagro

Inmigrante refugiado en iglesia espera un milagro

DENVER — Cuando el presidente Barack Obama explicó por qué quería darle a unos 4 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos sin permiso la oportunidad de permanecer en el país y trabajar legalmente, daba la impresión de que tenía en mente a gente como Arturo Hernández.

Hernández, de 42 años, es el tipo de persona a la que Obama quería evitar la deportación. Tiene una hija nacida aquí que es ciudadana estadounidense, cuenta con un trabajo estable y vive en el país sin haber sido hallado culpable de delito alguno desde 1999. Pero el gobierno está tratando de deportarlo.

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El proceso de deportación obedece a que fue arrestado en el 2010 y acusado de un delito del que resultó absuelto. Hernández peleó la deportación durante cuatro años, esperando que Obama cumpliese su promesa de arreglar un sistema de inmigración que no funciona. Cuando el mandatario delineó su programa en la Casa Blanca, Hernández y su familia vieron el discurso desde el sótano de una iglesia en la que vive desde hace un mes para evitar que las autoridades lo manden de regreso a México. Sintió una luz de esperanza, que se desvaneció muy pronto. Su esposa y su otra hija, que no es ciudadana, podían evitar la deportación. Él no.

"Es duro, frustrante. Pensé que ahora que teníamos este programa, yo me podía beneficiar", expresó Hernández, cuya esposa y sus hijas viajaron el martes a Washington para pedir ayuda al Congreso.

La orden ejecutiva es la más ambiciosa en décadas y permite que los inmigrantes que estuvieron en el país por al menos cinco años, con hijos estadounidenses, se queden. Pero una cantidad desconocida de inmigrantes no se van a beneficiar, según abogados de inmigración, porque no pueden demostrar que llevan suficiente tiempo viviendo aquí, sus hijos se criaron aquí pero no son estadounidenses o, como Hernández, tienen procesos de deportación en marcha.

"Había que fijar parámetros. Siempre va a haber gente que sale perjudicada", afirmó el abogado de inmigración de Denver Mark Barr.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que analizará individualmente los casos de gente como Hernández, que satisfacen los requisitos para ser cobijados por la orden ejecutiva de Obama pero tienen pendientes procesos de deportación. Se abstuvieron de comentar el caso específico de Hernández, aunque otros funcionarios dieron a entender que sedará poca prioridad a la deportación de personas como el mexicano que han respetado las leyes.

Eso es poco consuelo para Hernández, quien se vino con su esposa a Estados Unidos con una visa cuando su hija mayor tenía tres meses, en 1999. Hicieron su vida en Denver y tuvieron una segunda hija en Estados Unidos. Hernández trabajó en una empresa de construcción, pero en el 2010 un compañero de trabajo lo acusó de haberlo agredido. Hernández fue arrestado, juzgado y declarado inocente. Durante el proceso, informó a las autoridades que estaba en el país ilegalmente y se le inició un trámite que derivó en un proceso de deportación.

Hernández dijo que esperaba poder permanecer en el país hasta que Obama cumpliese su vieja promesa de arreglar el sistema de inmigración y permitir que la gente como él se quedase en Estados Unidos.

"Prometieron durante cinco o seis años una reforma a las leyes de inmigración y no está haciendo nada", se quejó Hernández. "Miles de personas son deportadas todos los años".

En octubre, cuando se acercaba al plazo final, Hernández se refugió en una iglesia, la Primera Sociedad Unitaria de Denver. El servicio de inmigración no permite que sus agentes ingresen a templos para deportar a alguien a menos que haya cometido algún delito grave.

Hernández vive en una habitación del sótano desde entonces. Tiene colgado en la pared un cartel hecho por su hija menor que dice "My Family", con corazones y figuras lineales que representan a Hernández, su esposa y sus dos hijas.

Tres miembros demócratas de la delegación legislativa de Colorado han pedido a las autoridades de inmigración que no persigan a Hernández mientras apela su caso. Quieren que las autoridades federales esperen al menos hasta que entre en vigor en enero una política que da discreción a los fiscales para deportar o no a una persona.

El martes por la mañana, Sauzameda, Hernández y sus dos hijas, Mariana, de 15 años, y Andrea, de nueve, se abrazaron en la iglesia antes de que esposa e hijas emprendiesen el viaje a Washington. Iban acompañadas por representantes de otras familias en situaciones parecidas, con algún miembro refugiado en una iglesia. "Es duro, porque siempre hemos estado juntos, pero en este momento no lo estamos", dijo Sauzameda.

La religiosa Anne Dunlap, que viaja con la familia, y otros inmigrantes refugiados en iglesias de distintos estados, dicen que hay decenas de caso de personas que cumplirían con los requisitos para acogerse a la orden ejecutiva pero tienen pendientes procesos de deportación. Reflejan la naturaleza compleja y a veces arbitraria de los casos de inmigración, según Dunlap.

"Para muchas familias, no alcanza con satisfacer todos los requisitos", expresó la religiosa.

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