LA HABANA - El expreso político cubano del "Grupo de los 75" José Daniel Ferrer fue liberado el fin de semana tras permanecer 27 días detenido y se encuentra pendiente de juicio bajo la acusación de haber ocasionado "desorden público", informó él mismo a Efe. En conversación telefónica, cuando se trasladaba desde la ciudad oriental de Santiago de Cuba, donde estuvo detenido, a su domicilio en la cercana localidad de Palmarito de Cauto, Ferrer explicó que su liberación se produjo: "por un cambio de medida, de prisión provisional a libertad inmediata en espera de juicio en mi casa". "Hay un expediente en mi contra. Me acusan de instigar, organizar y financiar acciones que ellos (las autoridades cubanas) consideran constituyen delito de desórdenes públicos", añadió Ferrer, quien encabeza el grupo opositor ilegal "Unión Patriótica de Cuba".
Según Ferrer, la explicación que le dieron las autoridades de la policía política es que "ese expediente está en fase preparatoria y que si yo suspendo el accionar del grupo ellos pueden suspender el juicio, de lo contrario acelerarían el proceso y me llevarían a prisión". "Mi respuesta es que José Daniel Ferrer continuará luchando como hasta ahora y con los mismos métodos y los que creamos válidos para alcanzar la libertad de Cuba, el respeto a los derechos humanos y la instauración de un verdadero estado de derecho". El pasado 2 de abril Ferrer fue arrestado junto a otros opositores, la mayoría militantes de su grupo, en Santiago de Cuba, 860 kilómetros al este de La Habana. Ferrer, uno de los 75 opositores condenados en la primavera de 2003, fue liberado hace un año bajo la figura de "licencia extra penal" durante el proceso de excarcelaciones en el que mediaron la Iglesia Católica en Cuba y el Gobierno de España. Él es uno de los doce integrantes de ese grupo que se negaron a viajar a España como condición para salir de la cárcel. En los últimos meses, Ferrer, de 41 años, ha sido detenido temporalmente otras veces y puesto en libertad sin cargos en La Habana y en Santiago, la provincia donde reside. El Gobierno cubano cataloga a los disidentes y opositores como contrarrevolucionarios y mercenarios al servicio de Estados Unidos.
