IGUALA, México—Mucho antes de que desaparecieran 43 estudiantes de magisterio tras un ataque de policías, el hijo de María Guadalupe Orozco desapareció en la misma ciudad mexicana de Iguala.
Orozco cree que soldados mexicanos se llevaron a su hijo Francis García, de 32 años, en marzo de 2010 cuando regresaba equipo de sonido que usó en la feria anual de la ciudad al centro nocturno donde trabajaba.
Lo cree porque testigos se lo comentaron y por imágenes borrosas de una cámara de seguridad que ella vio, aunque el ejército lo niega.
Ahora, la madre se pregunta si Francis estará entre los 28 cuerpos localizados en cinco fosas clandestinas descubiertas como parte de la búsqueda oficial de los estudiantes y que según las autoridades no son de los alumnos.
Hoy, mientras se busca a los estudiantes, más fosas con restos de desconocidos aparecen. Más que resolver uno de los casos que más ha atraído la atención internacional, de desaparición forzada, las autoridades se han encontrado con más escenas de horror.
¿Quiénes son esos 28? ¿Hace cuánto están ahí? Guerrero ha sido por décadas un lugar con presencia tanto de grupos del narcotráfico como de guerrillas. Podrían ser parte de alguno de ellos. O no.
Y dada la historia fallida de México para identificar a los desaparecidos, es posible que nunca se sepa quiénes son.
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"Es pensar otra vez, revivir los días de angustia, de desesperación, de estar deseando, de estar pidiéndole a Dios; que en cualquier momento suena el teléfono", dijo Orozco.
Dudoso número de desaparecidos
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prometió desde que inició hace casi dos años que daría a conocer cifras verificables de desaparecidos en México. En agosto hizo pública una lista de 22,322 personas no encontradas.
Las autoridades, que a la menor oportunidad repiten que la violencia ha disminuido de manera importante bajo el actual mandato, pusieron poca atención al hecho de que 9,790 de ellos, o casi la mitad del total, han desaparecido desde que Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.
El resto corresponde a los seis años previos, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando las desapariciones comenzaron a incrementarse en medio de su ofensiva contra el narcotráfico.
La lista no incluye a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros de educación básica vista históricamente como una institución radical que ha sido lugar de formación de profesores que en algún momento se sumaron a la guerrilla.
El gobierno ha dicho que aún no sabe qué pasó con los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre cuando policías locales los detuvieron y entregaron a miembros del cártel de las drogas Guerreros Unidos. Cerca de 50 personas han sido detenidas, incluidos agentes locales y presuntos sicarios y líderes del grupo del narcotráfico.
Estados con más desaparecidos
En un análisis hecho por el diario Reforma, Guerrero ni siquiera aparecer entre los primeros seis estados con la mayoría de desaparecidos. El primero lugar fue Tamaulipas, en el noreste del país, donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010 y cientos más fueron localizados en fosas clandestinas al siguiente año.
Jalisco ocupó el segundo lugar. Unas 67 personas fueron halladas ahí en fosas clandestinas a fines del año pasado.
Las fosas clandestinas son un hallazgo regular en el país: 11 cuerpos en agosto en el estado de Michoacán; otros 19 en Iguala apenas en mayo.
Averiguar quiénes son los desaparecidos en México parece hasta ahora un trabajo imposible, a pesar de la creación en mayo de 2013 de una unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de una huelga de hambre de madres y familiares.
México no tiene una base de datos nacional que permita cotejar características de los desparecidos con cadáveres sin identificar y el actual proceso para construirla es lento.
La PGR no ha dado los resultados de la unidad, pero la organización Human Rights Watch reportó hace unos días que la unidad había revisado apenas 450 casos y localizado a 86 personas, de las cuales 57 estaban vivas y 29 muertas.
"La situación actual nos ha sobrepasado", dijo a la AP Jorge Alberto Talavera, jefe del equipo de bioarqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que desde 2011 colabora con la PGR. El experto cuenta que ellos, por ejemplo, le prestan a la PGR el georradar que se utiliza para detectar fosas clandestinas.
