WASHINGTON.- La comunidad de jóvenes inmigrantes sin papeles que arribaron al país cuando eran niños recibió con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, con rabia o en medio de un ambiente festivo, la decisión anunciada este viernes por el Presidente Barack Obama de discrecionalmente suspender sus deportaciones y ofrecerles permisos de trabajo por dos años.
Buena parte del escepticismo tiene que ver con las complejas e intrincadas interpretaciones legales que el anuncio genera. Quienes lo celebraron creen que la medida es lo suficientemente clara y detallada como para que no tengan que pelear legalmente su estadía en el país al salir de las sombras.
Quienes aún se encuentran inconformes argumentan que tendrán que convencer a las autoridades, uno a uno, de que son elegibles para obtener el permiso de trabajo y permanecer en el país y que la medida favorece a algunos pero no a todos los jóvenes pues no se trata de una orden ejecutiva que tenga fuerza de ley, sino que queda a discreción del funcionario de inmigración respectivo si otorga el permiso de trabajo y la estadía, o no.
"Seguimos exigiendo una orden ejecutiva", dijo Mohammad Abdollahi, dirigente de una coalición de grupos de estudiantes pro-Dream Act llamada Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. "Esto no es algo colectivo sino que se revisará caso por caso. Si vamos a tener que pelear cada caso, uno por uno, ¿de qué vale?".
"Preocupa que el anuncio será puesto en práctica más mezquinamente de lo que el gobierno quisiera", dijo Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell. "Eso fue lo que vimos en junio pasado con el memo sobre (deportaciones) discrecionales del gobierno".
El catedrático se refería al anuncio formulado el año pasado de revisar 300,000 casos de deportaciones para garantizar que no afectaran a personas que representaran un mínimo riesgo para la seguridad pública.
Noticias Destacadas
Hasta el momento, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232,000 procesos de deportación y decidió anular 20,000, de los cuales 4,000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.
El profesor explicó que la orden presidencial no establece que las autoridades migratorias detengan las deportaciones de estudiantes. Sólo dice que los funcionarios de inmigración deben de "considerar" hacerlo. Y que los permisos de trabajo tampoco se otorgarán automáticamente.
La secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano dejó claro que el beneficio administrativo será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado.
Los jóvenes elegibles para acogerse a la orden presidencial deben haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años, encontrarse actualmente en su territorio, haber culminado la educación secundaria, o haber obtenido un certificado de educación general, y estar cursando estudios universitarios actualmente o haberse alistado en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.
Tampoco deben haber sido sentenciados por la comisión de delitos mayores, faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los inmigrantes no autorizados menores de 16 años no podrán solicitar la anulación de su proceso de deportación, pero funcionarios dijeron que no serán deportados.
Los requisitos de la medida coinciden en términos generales con los estipulados en el Dream Act, un proyecto de ley que fue aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado.
La medida se conoció cinco días después de que los jóvenes activistas depusieran una huelga de hambre que llevaba seis días en Denver y anunciaran planes de tomar las oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detuviera las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en la búsqueda de su reelección en noviembre.
Las palabras de Obama tomaron por sorpresa a un centenar y medio de jóvenes inmigrantes que se aprestaban a realizar una protesta el viernes en Los Angeles.
Como parte de un programa de verano, los inmigrantes se habían reunido afuera de una oficina migratoria que se encuentra en remodelación al centro de la ciudad.
La protesta se convirtió en celebración. El "si se puede" se transformó en "si se pudo" y lágrimas de alegría brotaron.
Los republicanos criticaron el plan con dureza. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith lo calificó de "traición" al pueblo estadounidense porque "este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes".
Napolitano agregó que la medida podría beneficiar a unas 800,000 personas aunque todo dependerá de cuántos jóvenes acudan a las oficinas de inmigración para demostrar que cumplen con los requisitos.
"Sigo urgiendo al Congreso a que apruebe el Dream Act", dijo.
