El Departamento de Seguridad Nacional reveló este martes las directrices para aplicar las recientes órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por el presidente Donald Trump. Vale acotar que ninguno de los memorandos publicados este martes afecta a aquellos beneficiarios de DACA.
En dos memorandos se explica la forma en que se implementarán esas directivas. El primero regula la aplicación de la orden ejecutiva titulada "Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de la Leyes Migratorias", emitida por el Presidente el 25 de enero.
En el segundo memo publicado este martes el DHS ratifica las personas que son prioridades para deportación, lo cual incluye a personas que cometieron delitos, y aquellas que “han abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
Este memo especifica que con esta directriz quedan sin efecto todas las regulaciones previas, pero reestablecerá el polémico programa "Comunidades Seguras".
La otra excepción se refiere a que no fueron derogadas dos directrices que fueron emitidas durante el gobierno de Barack Obama que protegían a los que llegaron al país cuando eran niños, y otra con respecto a la protección de los padres de ciudadanos o residentes (esta última, en un limbo legal pues fue bloqueada en una corte federal). Se detalla que esta materia será abordada en el futuro.
El primer memo indica que se coordinó un plan conjunto con el Departamento de Justicia para impulsar el despliegue de jueces de inmigración y oficiales de asilo para entrevistar y resolver las reclamaciones de los recién llegados fronterizos; así como establecer centros de procesamiento y detención apropiados.
Además especifica condiciones por las que las autoridades podrían terminar con la detención de personas que entraron ilegalmente, revisando caso por caso, ya sea para ser deportadas o para otros fines como cuando el extranjero obtiene una orden que lo protege de ser removido del país o si incluso se determina que el individuo es un ciudadano estadounidense, residente, refugiado, asilado o tiene un estatus de protección temporal.
“Para garantizar la pronta expulsión de los extranjeros aprehendidos poco después de cruzar la frontera ilegalmente, el Departamento publicará en el Registro Federal un nuevo Aviso de Extranjeros sujetos a la remoción acelerada”, indica una de las directrices.
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Asimismo establece una manera expedita de devolver a los extranjeros que provienen de un territorio contiguo a los Estados Unidos, por lo que las audiencias de inmigración se podrían realizar vía videoconferencia. El memo también indica que se estudiarán los casos de menores que llegaron solos.
Vale destacar que en este caso se especifica que "los padres y los miembros de la familia de estos niños, que a menudo están ilegalmente en Estados Unidos, suelen pagar a los contrabandistas varios miles de dólares para que sus hijos lleguen al país....Independientemente de los deseos de reunificación de la familia o las condiciones en otros países, el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable".
En tal sentido se indica que se aplicará la ley "contra cualquier persona que, directa o indirectamente, facilite el contrabando ilegal o el tráfico de un niño extranjero a los Estados Unidos".
El memo también explica que se contratarán 10,000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5,000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP). Además especifican que se emplearán 500 agentes para operaciones en mar y tierra.
Adicionalmente se pide que todos los organismos identifiquen y cuantifiquen todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al Gobierno de México.
El DHS indica que basado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ese departamento puede firmar un acuerdo escrito con un estado o subdivisión política del mismo, con el propósito de autorizar a funcionarios o empleados para desempeñar las funciones de un oficial de inmigración en relación con una investigación, aprehensión o detención de extranjeros en los Estados Unidos.
En otro punto se pide a los involucrados en la seguridad fronteriza que elaboren un estudio sobre el estado de ese ámbito para identificar vulnerabilidades y hacer recomendaciones. Igualmente estos organismos identificarán todas las fuentes de fondos disponibles para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de un muro en la frontera con México.
