Pérez Molina niega corrupción

Pérez Molina niega participación en red de corrupción

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    EFE

    GUATEMALA - La fiscalía guatemalteca presentó en audiencia evidencias de la supuesta participación del expresidente Otto Pérez Molina en la red de corrupción "La Línea", lo que el exmandatario negó.

    "La Línea" era una estructura integrada por exfuncionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.

    La fiscalía presentó escuchas telefónicas, documentos y fotografías de la supuesta relación de Pérez Molina con varios miembros de la red.

    Video: Pérez Molina niega participación en red de corrupción

    Video: Pérez Molina niega participación en red de corrupción
    La fiscalía presentó escuchas telefónicas, documentos y fotografías de la supuesta relación de Pérez Molina con varios miembros de la red. (Publicado viernes 4 de septiembre de 2015)

    El audio más notable de la jornada, que se escuchó en dos ocasiones, fue una llamada telefónica donde la exvicepresidenta Roxana Baldetti habla con Salvador Estuardo González, supuesto financiero de la organización, que según la fiscalía prueba que ambos tenían una relación de jerarquía y en la que estos hablan de "números" y "pagos" supuestamente del presidente.

    Baldetti y González están en prisión.

    La fiscalía presentó además una fotografía de Pérez Molina y González para reafirmar la relación.

    El juez Miguel Ángel Gálvez concluyó la audiencia y dijo que se reanudará el martes, cuando emitirá un fallo sobre si se procesa o no al expresidente, que permanecerá en custodia en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros en la capital.

    La fiscalía trató de sustentar ante el juez que Pérez Molina conocía de las actividades de "La Línea". En dos días de audiencia presentó 77 escuchas telefónicas de más de cinco horas de grabación, y documentos encontrados en allanamientos a diversas oficinas de los supuestos integrantes de la red en los cuales se detallaban cómo se repartían los sobornos recibidos.

    "Lo primero que quiero negar: no pertenezco a 'La Línea'", dijo el exmandatario de 64 años cuando prestó declaración.

    "No reconozco sino niego lo que empezó a decir el representante del Ministerio Público", afirmó.

    "Yo, señor juez, no voy a poner mi dignidad, mi trabajo, ni el esfuerzo que he hecho por Guatemala por 800,000 dólares", expresó en alusión a las cifras que presentó la fiscalía y que presuntamente habría recibido como sobornos.

    Sin embargo, la fiscalía pidió al juez su procesamiento judicial por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso de defraudación aduanera.

    Es "por la posible comisión de estos hechos delictivos", dijo el fiscal José Antonio Morales.

    La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) se unió a la petición de la fiscalía.

    Las acusaciones son tres, "conocer la organización, colaborar para que la organización funcionara y haber recibido un porcentaje de lo que recibían", dijo el fiscal.

    El abogado defensor César Calderón afirmó que la fiscalía hasta el momento no ha probado que su defendido tenga responsabilidad de nada.

    "Me quedé esperando el plato fuerte... de la investigación que están haciendo", dijo.

    El abogado arremetió también contra el juez Gálvez: "Usted ya hablaba mal" del exmandatario.

    Según Calderón, en una audiencia previa el juez se refirió a que no entendía por qué un presidente llamaba a una institución autónoma para que se hicieran cambios en el personal, llamada que, según la fiscalía, Pérez Molina hizo con el fin de favorecer las operaciones de la estructura que defraudó al fisco guatemalteco.

    Según el fiscal Morales, el expresidente era conocido en la red como "1", y la exvicepresidenta Baldetti, como "2".

    El fiscal afirmó que "la estructura, por abajo del 1 y 2, recibía el 50 por ciento; y el 1 y la 2 recibían el otro 50 por ciento" de los sobornos.

    Pérez Molina dijo el viernes a The Associated Press que pasó la noche incómodo y que alcanzó a dormir poco. "Ninguna cárcel es buena", dijo sobre la noche en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros.

    "Espero que el juez me dé una medida sustitutiva", dijo en alusión a una alternativa diferente a la prisión, que según las leyes guatemaltecas, puede ser el pago de fianza o arresto domiciliario, entre otras.

    Pérez Molina, quien asistió a la audiencia vestido de traje formal azul, camisa celeste y corbata a rayas, agregó a su defensa al abogado Moisés Galindo.

    Al terminar la audiencia, se dirigió a la prensa y dijo con voz corta estar muy triste porque el caso se está ventilando en medio de un proceso electoral en el país y por su situación legal.

    "Personalmente me siento muy triste, no solo por eso sino por todo lo que me está tocando vivir en este momento", manifestó.

    A diferencia de la víspera, la seguridad del expresidente ya no está a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sino en manos del Sistema Penitenciario del país.

    La fiscalía y la CICIG anunciaron en abril la desarticulación de la presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares para evadir impuestos y que estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta.

    Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de "La Línea". Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3.7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.

    Tras la renuncia de Pérez Molina, el vicepresidente Alejandro Maldonado, de 79 años, fue juramentado el jueves como nuevo mandatario. Exigió que ministros y altos funcionarios presenten sus renuncias para poder formar un gobierno de transición y prometió una administración honesta e incluyente.

    Propuso tres candidatos para reemplazarlo como vicepresidente: Raquel Zelaya, presidenta de un observatorio político conservador y firmante de los acuerdos de paz que pusieron fin en 1990 a la guerra civil de Guatemala y que en un escrito público junto a otros intelectuales guatemaltecos negó que en el país centroamericano hubiera genocidio en la época de la guerra; Juan Alberto Fuentes Soria, exrector universitario, y Gabriel Medrano, académico y expresidente de la Corte Suprema.

    La lista se enviará el lunes al Congreso.

    Maldonado deberá mantenerse en el cargo hasta que el ganador de las elecciones del domingo asuma el poder el 14 de enero de 2016.