HRF: gobierno responsable de muerte de Payá

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    Movimiento Cristiano Liberación.
    Osvaldo Payá.

    Este miércoles se cumplen tres años de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, y la organización Human Rights Foundation (HRF) considera que el Gobierno cubano tuvo "responsabilidad directa" en sus muertes.

    Un informe jurídico de HRF, divulgado en Washington, establece que información revelada "sugiere" la implicación "directa" del régimen castrista en la muerte de los activistas.

    HRF se refiere a las declaraciones de testigos, a la evidencia física recolectada y a los propios Informes periciales.
    Según HRF,  "la evidencia excluida de manera deliberada apunta a que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente, sino el resultado de un incidente automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado, con la intención de causarles graves lesiones corporales a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con él, o de asesinarles".
    El informe también denuncia múltiples irregularidades en el proceso judicial y de investigación, que demuestran el dolo, la mala fe y las violaciones de derechos jurídicos elementales, tales como son propios de un estado autocrático donde los ciudadanos no están protegidos por la ley, sino a expensas de las arbitrariedades del poder. Ls violaciones incluyen negarle a la familia de las víctimas participar en el proceso investigativo y negarles el resultado de la autopsia. Y en el caso de Carromero, quien conducía el carro en que viajaban las víctimas, le negaron acceso de un abogado defensor y a la comunicación con éste de manera confidencial e independiente de los dictados del Estado cubano.
    El Estado cubano, según HRF, violó el derecho de las familias de Payá y Cepero a participar de la investigación y juicio correspondientes, así como a conocer la verdad.
    Sobre español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo en el que viajaban los opositores y fue condenado por un tribunal cubano a cuatro años de cárcel bajo el cargo de "homicidio imprudente", el informe dice que las autoridades de la Isla le negaron acceso a un defensor judicial, poder comunicarse libre y confidencialmente con su defensor, y la posibilidad de contar con una defensa jurídica independiente y eficaz.
    HRF afirma que el gobierno militar de La Habana ha impedido el "esclarecimiento de los hechos", y lo creen "responsable internacionalmente por la violación de los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".