El drama de las deportaciones en Venezuela

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    EFE
    Deportaciones en Venezuela.

    Casi un millar de colombianos deportados en los últimos tres días de Venezuela a la ciudad fronteriza de Cúcuta denuncian que el único criterio seguido para darles ese trato es su nacionalidad, sin importar su situación legal o sus hijos menores.
    "Sólo nos dijeron que (nos deportaban) por ser colombianos. Nos decían ¿venezolanos o colombianos?, pues camine", relató hoy a Efe Rocío Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos trece años.

    En su caso, como en el de muchos otros, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se presentó en su casa a medianoche y les obligó a salir a empellones de la ciudad de San Antonio, situada en el fronterizo estado de Táchira.

    En esa región venezolana, el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción hace tres días y desde entonces han sido deportados 751 colombianos, de los cuales 139 son menores, según los datos facilitados a primera hora de la mañana por Migración Colombia.

    Sin embargo las expulsiones han continuado durante todo el día, lo que ha obligado a la Cruz Roja a establecer un corredor humanitario para trasladar a pacientes que requieran atención médica desde las ciudades venezolanas fronterizas hasta centros hospitalarios de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

    El trabajo del organismo médico se ha multiplicado en Cúcuta, una ciudad de clima tórrido con temperaturas que superan los 35 grados y en la que los deportados se agolpan en centros deportivos donde las autoridades han instalado carpas para atender a los ciudadanos que han llegado con lo puesto.

    "Sólo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños", comentó Angarita sobre la noche de su expulsión en la que "hasta el perro quedó allá".

    Los últimos trece años de su vida han quedado ahora a sus espaldas, ya que su casa como la de la mayoría de los colombianos había sido marcada por los soldados venezolanos con una letra "D", una sentencia de demolición de la vivienda y de destrucción de sus propiedades.

    "Las marcaron, pusieron la 'D' para tumbarlas", narró Abel Antonio Pacheco, otro de los deportados, sobre las viviendas de los colombianos que habitaban en San Antonio, ciudad conectada con Cúcuta por el puente internacional Simón Bolívar, cerrado desde el jueves por orden de Maduro.

    Pacheco recordó que a él y su esposa no le dejaron sacar "ni el tetero" de su hija, por lo que no pudo alimentarse hasta que llegó al Coliseo Municipal de Cúcuta, una cancha polideportiva que hoy está tomada por tiendas de campaña y voluntarios de la Cruz Roja que prestan servicio médico y psicológico a niños y adultos.

    Además proveen alimentos a los deportados que pasan el día en colchonetas a la espera de una solución a su situación o a plantearse un nuevo futuro.
    Entre ellos se encuentra Gustavo Sanjuan junto a su mujer y sus ocho hijos de entre uno y 17 años, también obligados a salir con lo puesto.

    Sanjuan, como muchos de los colombianos y venezolanos que viven a lo largo de la frontera, tuvo dos hijas en su hogar de San Antonio, lo que, lejos de suponerle un salvoconducto solo le trajo más problemas.

    "En el momento en que dije que tengo dos niñas venezolanas me las iban a quitar", detalló sobre la noche en que fueron deportados.

    Ante el temor que se ha instalado entre los colombianos que viven en ese lado de la frontera muchos han tenido que mentir sobre el lugar de nacimiento de sus hijos, puesto que, según explicó, varios han tenido que separarse de sus progenitores ante unas deportaciones que no respetan la unidad de las familias.

    Precisamente, la cancillería colombiana exigió ayer que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos.

    Esta crisis humanitaria comenzó tras el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos, lo que provocó que Maduro cerrase la frontera, inicialmente por 72 horas, y posteriormente declarase el estado de excepción.

    Entre lo que argumenta el Gobierno venezolano está la supuesta acción de paramilitares colombianos a ambos lados de la frontera, y el pasado sábado anunciaron que ocho integrantes de esos grupos habían sido arrestados en Táchira.

    Sin embargo esa es una acusación que niegan los colombianos que llegan a Cúcuta deportados: "Dicen que los colombianos somos paramilitares, narcotraficantes, delincuentes, pero no es así, somos personas honradas", señaló a Efe Sandra Milena Angarita.

    Desde el coliseo deportivo en el que permanece varada, Angarita denunció que los agentes venezolanos golpearon a sus compatriotas y "a algunos niños les ponían bolsas en la cabeza haciéndolos pasar por paramilitares".

    "No dejan ver su rostro porque saben que la gente que les conoce sabe que no es cierto", concluyó.