Desestiman denuncia contra Fernández

Desestiman denuncia contra Fernández

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    La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman, que la justicia investiga si fue homicidio o suicidio, fue un duro golpe para el gobierno de Fernández, quien atribuyó ambos hechos a una maniobra desestabilizadora por parte de un sector de los servicios de inteligencia enfrentados con su gobierno.

    Una corte federal de apelaciones desestimó el jueves por falta de pruebas una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un presunto plan para encubrir a los iraníes sospechosos de un atentado terrorista en 1994.

    La denuncia fue presentada el 14 de enero por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto cuatro días después por causas que la justicia todavía investiga.

    La sala I de la cámara federal de apelaciones, con dos votos a favor y uno en contra, ratificó este jueves una resolución de fines de febrero del juez federal Daniel Rafecas, quien había considerado que en la denuncia de Nisman no había elementos suficientes para iniciar una investigación formal contra la presidenta por intentar encubrir a los responsables del atentado, en el que murieron 85 personas.

    El fallo de la corte federal representa un respiro para la presidenta, aunque no significa que el caso esté cerrado pues la resolución puede ser apelada ante la Cámara de Casación Penal.

    El juez Jorge Ballestero, uno de los miembros de la corte federal que votó a favor de desestimar la denuncia, consideró que hay una "notoria disparidad entre lo denunciado y lo probado" y que "esta carencia probatoria no puede ser sorteada...inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa".

    Nisman denunció que el gobierno acordó un plan con Irán para proteger a sus ciudadanos acusados del atentado. En enero de 2013 los dos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque. Sin embargo, no entró en vigor porque fue declarado inconstitucional por la misma corte federal que este jueves desestimó la denuncia del fiscal.

    El objetivo oculto de esta maniobra, según Nisman, era restablecer las relaciones comerciales entre ambos países e intercambiar granos por petróleo, en un contexto de crisis energética en Argentina.

    Según Nisman, quien basó su acusación principalmente en escuchas telefónicas, una Comisión de la Verdad contemplada en el memorándum era un mero órgano de fachada ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda. La comisión debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales.

    "El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo", opinó Ballestero.

    La presidenta negó las acusaciones de Nisman y dijo que el memorando era la única vía para sacar de la parálisis a la causa judicial por el atentado, que la justicia argentina atribuyó al grupo extremistas islámico Jezbolá, con apoyo de Irán. Teherán ha rechazado esta acusación.

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    Al argumentar su voto disidente, el juez Eduardo Farah, afirmó que "es iniciando la instrucción y dando curso a las medidas de prueba que devienen pertinentes que podrán esclarecerse todos los interrogantes en pie. Negar su apertura no sólo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley".

    Para Farah, "la hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada".

    La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman, que la justicia investiga si fue homicidio o suicidio, fue un duro golpe para el gobierno de Fernández, quien atribuyó ambos hechos a una maniobra desestabilizadora por parte de un sector de los servicios de inteligencia enfrentados con su gobierno.