¿Va Cuba contra reggaeton?

En Cuba, la música considerada vulgar y ofensiva no se emitirá en la programación de la radio y televisión nacional debido a que deforma el gusto musical de la población, según un anuncio del presidente del Instituto Nacional de la Radio y la Televisión de Cuba, Danilo Sirio López.

“La férrea oposición de las autoridades del gobierno cubano a los gustos musicales que no encajan con el modelo revolucionario de la isla no parece tener otro propósito que hacer a un lado el reggaeton. Irreverente y de alto contenido sexual, el reggaeton es muy popular entre los adolescentes de la isla”, publica El Nuevo Herald en su edición en línea.

“Ya se decidió: no se pone un número más grosero, no se pone un número más banal, no se pone un número de letra ofensiva y tampoco videos-clip que atenten o denigren la imagen de la mujer, sea cubano o no”, indicó López.

“El desafío es ofrecer un producto audiovisual de mejor factura, alejado de toda vulgaridad”.

Hace dos semanas en el diario oficialista Granma publicó las declaraciones del presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistel, quien anunció que el gobierno sancionará a los intérpretes de temas musicales vulgares o que violen la ética, así como a quienes permitan su difusión.

Una de las canciones que desató la furia del oficialismo fue el popular reggaeton “Chupi-Chupi”, de Osmani García, según indica El Nuevo Herald.

El tema había alcanzado altos niveles de sintonía y popularidad, y estuvo nominado a los Premios Lucas de los videoclips cubanos, sin embargo las autoridades de la isla hicieron observaciones por la proyección machista del tema y la degradación del acto sexual, obligando a los organizadores del concurso retirarlo del certamen.

La descalificación profesional significa que el músico sancionado perderá su aval o licencia para ejercer su arte en la isla y realizar presentaciones.

El gobierno anunció que un equipo de especialistas y musicólogos afinará una norma jurídica para preservar la promoción del “buen gusto”. Sus conclusiones deberán ser acatadas por todas las instituciones estatales, sin excepción alguna.

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