La Habana - El Gobierno de Cuba ha alquilado más de 2 mil pequeños negocios a sus antiguos trabajadores estatales, que ahora ejercen como privados y que han aumentado sus ingresos y la calidad del servicio, aunque los impuestos y la falta de un mercado mayorista son sus principales dificultades.
Esta nueva forma de gestión no estatal, incluida en el plan de reformas económicas del presidente Raúl Castro, comenzó de manera experimental en 2009 en pequeñas barberías y peluquerías, para después extenderse con carácter definitivo a 47 actividades económicas en un proceso que culminó en 2012.
Según datos del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), hasta el momento se han arrendado ya 2 mil 41 locales a un total de 5 mil 479 empleados.
La mayor parte de esos arrendamientos son peluquerías y barberías (mil 344) aunque el modelo también funciona en otras actividades como relojerías, manicura, zapateros o aparcamientos.
Con este sistema, el gobierno cubano arrienda por diez años los locales donde antes era el estado quien gestionaba esos servicios, dando prioridad para el alquiler a los trabajadores de esas unidades.
Ahora convertidos en "cuentapropistas" según el argot local, los empleados se encargan de organizar el negocio, proveerse de los materiales y recursos necesarios, mantener o mejorar el local, y asumen todos los pagos de alquiler, electricidad, teléfono, gas y agua.
También fijan, en función de la oferta y demanda, los precios de los servicios que prestan.
Cuba
El propio gobierno cubano reconoce que con esta fórmula se ha mejorado el servicio y el trabajo, han aumentado los salarios y los nuevos autónomos se sienten más motivados hasta el punto de que se ha reducido el absentismo laboral, frecuente en el sector estatal dado los exiguos salarios y la falta de incentivos.
"Hay actividades que pueden desarrollarse mucho mejor por los individuos que por el estado (...) Es una verdadera muestra de que no todo lo tiene que regular el estado", aseguró Mirurgia Ramírez, directora nacional de servicios personales y técnicos del MINCIN, en un reciente encuentro con medios extranjeros.
Desde que comenzó la experiencia, el Gobierno cubano ha ingresado 40,4 millones de pesos cubanos (aproximadamente 1,6 millones de dólares) por el arrendamiento de las instalaciones.
Los trabajadores de algunos de esos negocios también se sienten beneficiados, como los empleados de "Barbería Leo", en el barrio habanero de El Vedado, que desde hace un año y cuatro meses funcionan con la nueva gestión.
"El salario ha mejorado muchísimo, antes un salario mínimo era 255 pesos mensuales (unos nueve dólares) y ahora ya la cosa cambia, la mejora es sustancial", dijo a Efe Milagros, de 35 años y una de las cinco peluqueras del local.
"Es positivo, los clientes están contentos, porque cuentan con un servicio más profesional. Como las instalaciones dependen de nosotros las cuidamos más también, le damos un sentido más de pertenencia", explica Leo, que trabaja como barbero en ese negocio.
En la peluquería Radio Centro, en los bajos del edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), la manicura Idania, de 51 años, destaca que lo más positivo es la independencia que tienen ahora: "ponemos los precios acordes al cliente y nuestros gastos", dice.
No todo son "bondades": además de los nuevos impuestos establecidos en un país con escasa o nula cultura fiscal, la queja recurrente del emergente sector privado cubano es la ausencia de un mercado mayorista para abastecerse.
"Tenemos que perder días de trabajo para buscar los productos en las tiendas", lamenta la peluquera Milagros quien explica que los precios que pagan al comprar en comercios minoristas les obliga a subir sus tarifas y han perdido clientes.
Felizia, relojera en uno de los nuevos negocios arrendados, también coincide en que lo más difícil "es encontrar las piezas, herramientas que necesitan los relojes modernos. Pero el cubano siempre ha inventado y seguimos inventando", bromea.
El plan de reformas económicas de Raúl Castro contempla la creación de un mercado mayorista para el sector no estatal pero de momento solo ha aprobado su implantación en el municipio especial Isla de la Juventud.
