“Rivera politiza viajes a Cuba”

WASHINGTON - El legislador republicano por Florida David Rivera defendió su polémica propuesta para reformar la Ley de Ajuste Cubano de 1966, por considerar que esa medida se ha prestado a abusos, y es hora de definir de una vez la "identidad" de la diáspora cubana en Estados Unidos.

Rivera presentó en agosto de 2011 una medida que prohíbe los viajes a Cuba a cubanos que recibieron la residencia a través de esa ley pero que aún no han obtenido la ciudadanía estadounidense.

Quienes se oponen a la enmienda, como la legisladora demócrata por Texas, Sheila Jackson-Lee, advirtien que la medida "echa una amplia red" que atraparía a personas con razones "sinceras" para viajar a la isla.

Tomás Bilbao, director ejecutivo del Grupo de Estudio sobre Cuba, advirtió de que restringir los viajes conlleva un costo humano, inhibe la reunificación familiar, y desoye la estrecha correlación entre una mayor apertura y la potenciación de la sociedad civil.

En declaraciones a los periodistas, la legisladora demócrata Zoe Lofgren dijo que la medida castigaría con la deportación a aquellos que viajan a Cuba "a visitar a un padre moribundo" o a apoyar a grupos disidentes pro-democracia.

Quienes apoyan el aislamiento del pueblo cubano "siguen buscando maneras de restringir esos derechos", dijo Bilbao, cuyo grupo acusó a los partidarios de la medida de querer "criminalizar los viajes familiares".

Entre sus partidarios figuran el senador republicano por Florida, Marco Rubio, que suena como posible candidato a la vicepresidencia republicana.

Durante la audiencia del subcomité de Política de Inmigración de la Cámara de Representantes, Rivera explicó que busca poner fin "al abuso, fraude y manipulación" de las leyes de inmigración, porque se ha hecho común que "los cubanos pidan asilo político" bajo esa ley y después viajan al país que les persigue.

"Es hora de enmendar la Ley de Ajuste Cubano para salvarla", enfatizó Rivera, quien insistió en que "todos los cubanos son refugiados políticos".

Agregó que la medida -la primera reforma a la ley desde la década de 1980-, protegería la integridad de los programas de ayuda social que, según él, "han sido víctima del robo de miles de millones de dólares" por parte de cubanos amparados bajo la ley de 1966.

Más adelante, en declaraciones a la prensa, Rivera dijo tener pruebas de los abusos y que, en definitiva, el meollo del asunto es "la identidad de nuestra comunidad".

"O somos inmigrantes económicos o somos exiliados...tenemos que aplicar la intención original de la ley", explicó Rivera, al citar ejemplos de cubanos que van a la isla como "mulas" o con "sacos llenos de mercancía".

En el año fiscal 2011, unos 18,000 cubanos recibieron una visa "bajo palabra" (parole) por vínculos familiares, y unos 3,000 entraron a Estados Unidos como refugiados, dijo.

Entre 2005 y 2011, el número de cubanos que solicitaron beneficio bajo la Ley de Ajuste Cubano osciló entre el 85% y 93%, respectivamente.

La medida, presentada en un año electoral en el que Florida jugará un gran peso en los comicios de noviembre próximo, ha enfrentado a grupos a favor y en contra de flexibilizar los viajes a Cuba.

El presidente del subcomité, Elton Gallegly, dijo a Efe que es necesario esclarecer "la intención de la ley", en particular si la idea era "proveer santuario a los perseguidos", pero confió en que el Congreso "sabrá resolver el asunto".

"El problema es esta fallida premisa de Rivera respecto a la Ley de Ajuste Cubano, que no tiene nada que ver con la persecución; para eso están las leyes de asilo", dijo el abogado de inmigración José Pertierra, de origen cubano.

"Esta medida es arbitraria, es una barbaridad", argumentó Pertierra, quien acusó a Rivera de "politizar el asunto".

El Centro para la Democracia en las Américas (CDA) vaticinó que estos esfuerzos "están destinados a fracasar en su objetivo de minar al sistema cubano". David Rivera, en cambio, está confiado en tener los votos suficientes para lograr su objetivo.

Tras una sesión de preguntas y argumentaciones, los miembros del subcomité remitieron el proyecto para ser votado por el Comité de Asuntos Judiciales, que preside el congresista de Texas Lamar Smith, un conocido crítico de las políticas de inmigración.

El Comité, integrado por 39 miembros, debe votar la propuesta en dos semanas. De aprobarse allí, pudiera pasar al pleno de la Cámara de Representantes para finales del 2012.

A principios de 2011, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que flexibilizó las restricciones de viajes y remesas a Cuba impuestas por su antecesor, George W. Bush, en 2004, como parte de sus esfuerzos por promover un cambio democrático en la isla.

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