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De deportables a residentes legales

El permiso sería dado por un año a los inmigrantes cuyos procesos de deportación terminen anulados. La propuesta es del senador, Schumer.

Schumer fue uno de los legisladores demócratas que insistió a la Casa Blanca para que ejerciera mayor discreción en cuanto a las deportaciones, para dar prioridad a inmigrantes con antecedentes criminales y aminorar la separación de familias.

Schumer fue uno de los legisladores demócratas que insistió a la Casa Blanca para que ejerciera mayor discreción en cuanto a las deportaciones, para dar prioridad a inmigrantes con antecedentes criminales y aminorar la separación de familias.

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El senador demócrata Charles Schumer solicitó este martes al departamento de seguridad nacional que permita trabajar durante un año a los inmigrantes cuyos procesos de deportación terminen anulados durante una revisión nacional de deportaciones que comenzó en diciembre.

"El gobierno (del presidente Barack Obama) debería conceder a estos individuos estatus (legal) durante un año, para que puedan trabajar legalmente y mantenerse a ellos y sus familias mientras residen aún en Estados Unidos", dijo el senador en una carta difundida por su despacho.

"Al mismo tiempo despejamos los tribunales para casos migratorios con mayor prioridad criminal", señaló en la misiva dirigida a la secretaria de DHS Janet Napolitano y al director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) John Morton.

Schumer fue uno de los legisladores demócratas que el año pasado insistieron a la Casa Blanca para que ejerciera mayor discreción en cuanto a las deportaciones, para dar prioridad a inmigrantes con antecedentes criminales y aminorar así numerosas divisiones familiares causadas por casi 400.000 deportaciones anuales durante el mandato de Obama.

Como fruto de esa política discrecional, DHS recomendó la semana pasada cancelar 14% de los 11,682 casos de deportaciones que revisó durante dos meses en Denver y Baltimore. La meta es revisar un total de 300,000 casos durante los próximos meses en todo el país.

La recién designada directora del Consejo de Política Interna Cecilia Muñoz dijo la semana pasada que si la tendencia de Denver y Baltimore se conserva en un ámbito nacional, el total de deportaciones canceladas podrían alcanzar las 400,000, pero advirtió que es imposible predecir cuál será la tasa de casos descartados porque hay variables diversas en distintas regiones del país.

El representante demócrata Luis Gutiérrez y varias organizaciones proinmigrantes se han pronunciado a favor del programa de revisión de deportaciones, pero han coincidido en la necesidad de brindar una solución jurídica definitiva para las personas cuyas deportaciones fueron canceladas.

Críticos de la revisión y política de discrecionalidad han dicho que el presidente Obama está eludiendo al Congreso para cambiar las políticas de inmigración.

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