México no cuenta con policías confiables

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    AFP
    Un perito policial mueve uno de cinco cuerpos hallados en un carro incendiado por el crimen organizado en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 26 de setiembre de 2011.

    MEXICO - El presidente mexicano, Felipe Calderón, admitió el lunes que la depuración de las policías estatales y locales es una tarea apremiante pues su país no cuenta con una fuerza policial confiable en todos los estados, como requiere para luchar contra una criminalidad cada vez más violenta.

    "Este es un tema vital para la seguridad del país. Seamos francos: no existen cuerpos policiacos confiables en las entidades de la República, no en todas. Ese es el problema de la seguridad en México, esa es la prioridad número uno", manifestó al instar a los gobernadores a acelerar este proceso durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

    "No podemos dejar al zorro dentro de los corrales de las gallinas", agregó Calderón ante el Consejo, integrado por funcionarios del gobierno, legisladores y representantes de la sociedad civil y ante el cual puso como ejemplo que 150 policías reprobados siguen laborando en unidades antisecuestro.

    "Mejor una policía chica y confiable que una multitudinaria y criminal", sostuvo el mandatario, que desde diciembre de 2006 estableció una estrategia de lucha antidroga centrada en la persecución militar de los carteles.

    A esa estrategia se atribuyen 45,000 muertos, en su mayoría en disputas entre carteles y en las operaciones para perseguirlos, pero también en casos de civiles envueltos en balaceras o asesinados por error por fuerzas del Estado.

    Alegando la incapacidad de las policías locales, Calderón ha ordenado el despliegue de al menos 50,000 militares en diferentes regiones, especialmente de la zona fronteriza con Estados Unidos y de la costa sobre el Pacífico, para frenar a los carteles de las drogas.

    Pero, según organizaciones de derechos humanos, el despliegue militar ha exacerbado la violencia en vez de calmarla y ha multiplicado las denuncias que involucran a la fuerza pública en violaciones a las garantías constitucionales.