Marchan contra impunidad

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    AFP
    Una inmigrante centroamericana llora mientras sujeta una vela y un cartel contra el asesinato de inmigrantes en México.

    MONTERREY, México - Una caravana de 33 madres centroamericanas que recorre México buscando a sus hijos desaparecidos pidió el jueves el fin de la impunidad de los crímenes y abusos que se comenten sobre miles de migrantes que cada año cruzan el país para llegar a Estados Unidos.

    Las mujeres se reunieron con la prensa en la ciudad de Saltillo, a donde llegaron tras hacer una parada para rendir homenaje en el día de los muertos -que en México se celebra el 2 de noviembre- a 72 migrantes asesinados en 2010 en San Fernando, un poblado a 100 millas de la frontera estadounidense.

    "Queremos justicia, que nos digan dónde están nuestros hijos", dijo a los periodistas Martha Sánchez, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano y participante de la caravana que recorre desde el 30 de noviembre una de las principales rutas que miles de migrantes indocumentados, principalmente centroamericanos, realizan en México para llegar a Estados Unidos.

    La caravana ingresó a México por el estado de Tabasco, limítrofe con Guatemala, y, tras alcanzar la frontera con Estados Unidos el miércoles, iniciará el viernes su recorrido de regreso rumbo a Guatemala, donde entrará el 15 de noviembre.

    Antes de llegar a Saltillo, la caravana pasó por las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, vecinas de Texas y dos de los principales puntos utilizados por los migrantes para cruzar la frontera.

    Este jueves el Ejército mexicano reportó que rescató a 15 hondureños secuestrados en Nuevo Laredo y detuvo a un mexicano miembro del grupo que los mantenía retenidos.

    Las mujeres, 27 hondureñas y seis nicaragüenses, realizan el recorrido como forma de presionar a las autoridades mexicanas para que investiguen los crímenes contra los extranjeros, cometidos muchas veces por organizaciones vinculadas al narcotráfico, como el cartel de Los Zetas, pero en los que habitualmente se señala también la complicidad de funcionarios locales y de migración.

    Tras la masacre de los 72 migrantes en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas, México se comprometió a dar garantías y protección a los indocumentados, pues muchos rehúsan acudir a las autoridades para evitar la deportación o por temor a repesalias.