La Isla del (Des) encanto

Puerto Rico se encuentra en la peor crisis de su historia. No puede hacer frente a una deuda de 72,000 millones de dólares. El desempleo crece, los salarios bajan y el gobierno sube los impuestos, mientras los residentes abandonan la isla rumbo a Estados Unidos.

Aquí le presentamos un amplio reportaje sobre los orígenes de esta crisis, el estado de la situación actual y las opiniones de especialistas y políticos, que aportan sus distintos puntos de vista sobre esta compleja problemática, que no solo afecta la economía de los puertorriqueños, sino que amenaza con trastocar la forma en que Estados Unidos ha manejado su relación con la Isla, desde que pasó bajo su control.

La crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico ha puesto nuevamente en el debate público la gran pregunta que ya se hace eterna: ¿necesita la Isla convertirse en un Estado de los Estados Unidos para alcanzar pleno desarrollo socioeconómico, o el actual status quo es funcional?

Los orígenes de la crisis

Norma Martínez es una mujer puertorriqueña retirada, de 79 años, capaz de definir la verdadera causa de la aguda crisis que vive Puerto Rico, con una certeza que desarma los argumentos de cualquier político o economista.

Norma Martínez define la causa de la crisis de Puerto RicoNorma Martínez define la causa de la crisis de Puerto RicoSu ceteza desarma los argumentos de cualquier político o economista. (Publicado miércoles 8 de junio de 2016)

“Nadie quiere la culpa. Unos dicen que uno, otros que otro. Todos la tenemos. Nos hemos acostumbrado a vivir del fiado, del fiado, del fiado”, dijo Martínez al ser abordada en una calle de Río Piedra, por un periodista de Telemundo 51. “Coge fiado. Como decían, cuando yo me criaba, decían: Yo cojo hasta el Capitolio si me lo fían. Cualquiera compra así, con dinero de otro”, agregó. 

La crisis fiscal comenzó a gestarse mucho antes que la palabra bancarrota se escuchara en todos lados como una maldición que amenazaba con romper en mil pedazos la aparente estabilidad económica de la isla. Mucho antes que los puertorriqueños comenzaran a huir de la asfixia económica actual.

La mayoría de los economistas coinciden en marcar el lejano 1973 como el año en el que comenzó el desastre, debido a las políticas económicas que implementó el gobernador Rafael Hernández Colón, tras la recesión mundial provocada por el embargo petrolero decretado por los países árabes exportadores de petróleo.

Para sus detractores, Hernández Colón colocó la soga estatista al cuello de la economía de la isla, y le dio el primer tirón mortal con la adquisición de compañías como las Navieras y la Telefónica, y con la creación de “El Almacén”, una compañía de importación y venta de productos, que provocaron un aumento desmedido del gasto público y un crecimiento descontrolado de los empleados estatales, que se enquistarían, con el paso de los años, en una burocracia parasitaria que se chupa buena parte del presupuesto gubernamental.

Hernández Colón pudo desarrollar su fallida política intervencionista, porque el estatus de Puerto Rico le permitió pasar gato por liebre. Se endeudó, pero los empréstitos iban a los libros de contabilidad como ingresos. Una deformación contable de consecuencias ruinosas, que no podía traer como resultado otra cosa que no fuera la creación de un pozo sin fondo al que se arrojaron miles de millones de dólares improductivos y una economía empobrecida y enferma.

La maniobra contable obligó al gobierno a crear en 1975 una corporación pública llamada Administración de Facilidades y Servicios de Salud, como un ardid para no violar la obligación constitucional de mantener un presupuesto balanceado. De esa forma el déficit en el presupuesto que tenían las empresas y servicios del gobierno no aparecía en el fondo general.

Durante el mandato de Hernández Colón, tal y como está perfectamente documentado, la deuda de Puerto Rico se duplicó, al mismo tiempo que el gobierno no podía recaudar a través de los impuestos el dinero que necesitaba para balancear sus cuentas. La matemática simple no mentía: las corporaciones gubernamentales gastaban más dinero del que recibían las arcas del Estado. Se gastaba dinero prestado. El status quo de la Isla había permitido que el gobierno entrara por una brecha jurídica y se endeudara a pesar de que la constitución lo prohibía. Mientras se derrochaba el dinero, el ahorro se reducía de manera alarmante y la economía se convertía en una maquinaria improductiva.

Sin embargo, creemos que los orígenes de la crisis hay que hallarlos en la creación misma del Estado Libre Asociado. Esta entidad jurídica coloca a Puerto Rico en una encrucijada mortal: no es ni un Estado de la Unión Americana, ni un Estado independiente. Una situación que crea perversiones políticas, sociales, económicas y jurídicas que deforman el carácter y los valores culturales de la nación.

Estas perversiones estructurales son las verdaderas causas del endeudamiento actual de Puerto Rico. La isla no tiene la soberanía propia de un Estado, lo que le impide el manejo de un modelo económico coherente. Ni el modelo estatista de Hernández Colón ni una economía abierta de mercado ni ningún otro modelo económico tendrían la posibilidad de ser completamente eficaces con la situación actual. En realidad cualquier modelo que se intente imponer tarde o temprano fracasará.

Ver una visión poco optimista sobre la crisis a corto y mediano plazo

Al ser un Estado Libre Asociado, Puerto Rico no puede tener las facilidades que le daría el ser un Estado de la Unión o un país independiente. Puerto Rico, tal y como ha dicho el candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista Ricardo Rosselló, “ya lo eligió. Es un asunto de derechos civiles y derechos democráticos. Hemos visto en el pasado como Hawai, por ejemplo, estaba en una debacle económica y fiscal similar a la nuestra, y de la misma forma se convirtió en Estado y pudo prosperar. Tuvo 10 años de gran crecimiento económico. Y en Puerto Rico podemos hacer lo mismo”.

Mientras Puerto Rico no cambie su status quo no podrá tener un verdadero modelo económico, que le permita un desarrollo sostenido, en el que pueda establecer tratados contributivos con otros países, atraer capital de compañías en distintas partes del mundo, vender sus servicios, exportar e importar libremente sin las restricciones de la ley de cabotaje y acceder a mercados con mejores precios para adquirir combustible.

La Sección 936 del Código de Rentas Internas

Este sistema de impuestos conocido como Sección 936 fue diseñado como un instrumento capaz de facilitar que nuevas industrias estadounidenses se asentaran en  Puerto Rico, y contribuyeran al desarrollo económico, a cambio de darles exenciones para que pudieran enviar sus ganancias al sistema bancario de Estados Unidos sin tener que pagar los impuestos federales sobre el ingreso de las corporaciones. El gobierno de Puerto Rico, en cambio, les cobraba un impuesto del 10% del monto de las ganancias. Aunque este impuesto podía disminuir si las compañías ponían sus ganancias en la banca local o reinvertían parte de esas  ganancias en bonos del Estado.

Dicha sección fue aprobada en 1976 por el Congreso de los Estados Unidos, en sustitución de la sección 931 que ya existía, y ayudó a impulsar la construcción de viviendas, permitió la creación de empleo-con la llegada de compañías manufactureras-, posibilitó el acceso a los créditos para las personas y las empresas, y  ayudó notablemente al desarrollo de la agricultura y el turismo.

La 936 fue responsable del crecimiento social y económico que tuvo Puerto Rico. Bill Clinton la derogó en agosto de 1996 y comenzaron entonces a reducirse paulatinamente sus beneficios, hasta su desaparición finalmente en 2005. Esto desestabilizó el sector manufacturero en el que se habían establecido empresas farmacéuticas y electrónicas y desalentó la inversión de capital extranjero, siendo un factor importante para que Puerto Rico cayera en una recesión que comenzó en 2006 y condujo a la actual crisis financiera.

No se puede negar que la Sección 936  fue el motor que propició la capitalización de la Isla y su crecimiento económico. Pero en el pecado llevaba la penitencia. El crecimiento de algunos sectores de la economía, como las manufactureras, que propiciaban empleos bien remunerados, no permitía que a la par el país desarrollara la economía. El gobierno no hizo inversiones en el desarrollo de nuevas industrias, ni en innovación, investigación o desarrollo del capital humano. Ni supo estimularlas en el sector privado. Las corporaciones que operaban bajo la 936 generaban ganancias, pero no tenían una verdadera integración a la economía. Si bien crearon miles de empleos directos e indirectos que daban una apariencia de bonanza económica entre la población, nunca impactaron en el desarrollo económico y tecnológico de Puerto Rico.

Mientras el Congreso de los Estados Unidos veía a la 936 como un camino para que las compañías evadieran impuestos y se creaba una verdadera ilusión óptica sobre la realidad económica del Estado Libre Asociado, los males de fondo permanecieron: elevado gasto público, costoso endeudamiento, pobre ahorro, alto costo de la energía eléctrica, creciente burocracia con altos salarios, bajo nivel de productividad, una salud pública incosteable y una endémica corrupción político-administrativa.

La crisis económica que desató el gobierno de Hernández Colón en 1973, con sus políticas estatistas, duró 10 largos años, en los cuales, a la par de los efectos indudablemente positivos que generó la 936, la nación se vio obligada a vivir bajo un régimen de mayor austeridad y mejor administración pública, iniciado con la llegada a la gubernatura de Carlos Romero Barceló.

Cuando Barceló dejó el gobierno en 1984, la deuda de la Isla, que representaba el 74% del PIB al inicio de su mandato bajó al  61%. Después  llegó nuevamente al gobierno Hernández Colón de 1985 a 1992, y aunque el endeudamiento público creció, sumándole a la deuda 5,129 millones en 8 años, al salir del gobierno, a pesar de que la deuda de la Isla ascendía a $13,822 millones, solo representaba el 53% del PIB.

Llegarían después los fatídicos 8 años de Pedro Rosselló y su rampante corrupción y despilfarro, que marcarían la caída libre de  la economía de la Isla. De ahí en adelante, con las complicaciones político-económicas que trajeron los escenarios internacionales, cada gobernador escaló el endeudamiento y el gasto público de manera grosera. Sin el anclaje que les brindaba la 936, el default era cuestión de tiempo. Desde el 2006, con la degradación del crédito, el cierre temporal del gobierno y el establecimiento del Impuesto sobre las Ventas y Uso, varios economistas venían vaticinándolo.

Un informe especializado sobre la crisis

En junio de 2015 se dio a conocer un importante estudio realizado por tres especialistas del Fondo Monetario Internacional, bajo la batuta de la norteamericana Anne Krueger, que a grandes rasgos ventilaba todos los elementos que han provocado la crisis, al mismo tiempo que esbozaba los caminos para salir de ella.

 El informe definía la crisis con frialdad académica: "La deuda no puede ser sostenible sin crecimiento, ni se puede producir un crecimiento de cara a los obstáculos estructurales".

 El informe titulado"Puerto Rico –A Way Forward" llegaba a conclusiones que de alguna manera podían ser valoradas como una especie de hoja de ruta por la cual transitar para tratar de sacar a la Isla del marasmo económico en que se encuentra. A grandes rasgos, estos son los 3 puntos medulares del informe:

 1. Reformas estructurales, para restaurar la competitividadel y el crecimiento económico.

 2. Reestructurar la deuda, hacer una reforma fiscal y enfrentar el gasto de las corporaciones públicas.

 3. Establecer con claridad el manejo y la supervisión del gasto público, y legislar sobre el déficit fiscal.

La posición ante la crisis del Gobernador de Puerto Rico

En una entrevista publicada por el diario New York Times en junio de 2015, el gobernador Alejandro García Padilla aseguraba que buscaría la reestructuración de la deuda de $72.000 millones.

"Este reconocimiento de que la deuda es impagable no es un asunto político sino de matemáticas", dijo García Padilla a The New York Times.

Pero la declaración es más política que matemática, diga lo que diga Padilla. En primer lugar, porque han sido las pésimas decisiones políticas las que han conducido a la crisis fiscal, y en segundo lugar, porque son las decisiones políticas las que mantienen a la Isla en una condición jurídica que no le permite declararse en bancarrota.

Ver aquí opiniones sobre la crisis fiscal y los impagos

Puerto Rico es una nación, culturalmente hablando, pero no es un país, no es un Estado, jurídicamente hablando. Es una verdad absoluta que la relación económica, política, e incluso sociológica, entre Estados Unidos y Puerto Rico, es desastrosa. Los boricuas no quieren la independencia y Estados Unidos no quiere anexarse la isla. Prefiere mantener el actual estado, con todo y lo disfuncional que resulta. El candidato por el Partido Nuevo Progresista a la Gobernación, Ricardo Rosselló, lo define así: “Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, y en la medida que seamos una colonia siempre vamos a estar sujetos a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos”.

"La crisis inició en el Congreso y necesita acción congresional. En esta crisis, tanto el Congreso como gobernadores en Puerto Rico tuvieron que ver en su creación. Lo importante no es mirar para atrás ahora, es ver cómo la resolvemos", dice García Padilla ante las cámaras de Telemundo 51.

García Padilla, como muchos políticos y analistas boricuas, culpa a una supuesta complicidad entre exgobernadores y el Congreso de los Estados Unidos para eliminar la 936, de la actual crisis fiscal. En su dicurso, el gasto público y la falta de un modelo económico eficiente brillan por su ausencia, a pesar de que se ve obligado a admitir que "uno tiene que aceptar que gobernadores anteriores vivieron de prestado".

Ver Alejandro García Padilla: La deuda es impagable

El gobernador impulsó un aumento del IVA del 4% al 10%, que afectaría a los negocios entre empresas, buscando aumentar los fondos en las arcas del gobierno, pero la Cámara de Representantes y el Senado de la Isla se opusieron, argumentando que frena el desarrollo económico.

Esta decisión llegó apenas un día después que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico, que pretende reestructurar la deuda, pero que incluye el funcionamiento de una junta de supervisión fiscal nombrada por Estados Unidos, cuya autoridad estará por encima de la del gobierno de la Isla.  

Las funciones de esta junta han despertado la polémica, pues algunos consideran que violentan la autonomía de Puerto Rico. García Padilla ha dejado muy en claro que "estamos de acuerdo con una junta que provea supervisión, no control". 

Entrevista con el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla 

Entrevista con el Gobernador de Puerto RicoEntrevista con el Gobernador de Puerto RicoAlejandro García Padilla hbala sobre la crisis y sus posibles soluciones. (Publicado lunes 20 de junio de 2016)

Legisladores de EE.UU se oponen a la ley HR 5278

El senador demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez y el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez, manifestaron su abierta oposición a la propuesta de ley HR 5278, conocida como ley Promesa, por considerarla una exhibición de "evidente neocolonialismo".

Ambos senadores alertaron que la HR 5278 "tendrá profundas consecuencias para la gente de Puerto Rico por varias generaciones".

Menéndez fue muy enfático al afirmar que la legislación eliminará "los derechos democrátcios de 3,5 millones de estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar".

Gutiérrez por su parte aseguró que "vamos a trabajar hasta que tengamos un proyecto de ley aceptable y digno para el pueblo de Puerto Rico".

El proyecto de ley espera ahora su aprobación por la Cámara de Representantes y el Congreso de los Estados Unidos.

Una voz autorizada, como la del economista José Toral, quien también se opone a esa junta fiscalizadora, lo expresó así en entrevista para Telemundo 51:"La propuesta que ha habido hasta hoy es una junta fiscal que va a venir a Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, electo democráticamente, por una ley del Congreso de los Estados Unidos, se elimina prácticamente, porque esa junta fiscal tendría todo el poder de decidir en qué se va a gastar dinero, cómo, cuándo y dónde. Y el gobernador de Puerto Rico y la legislatura no tendrían nada qué decir. Puerto Rico no quiere eso. Tenemos una tradición democrática de muchos años y entendemos que eso es una falta de consideración hacia un pueblo completo, hacia 3.2 millones de ciudadanos americanos que vivimos aquí en Puerto Rico, porque nosotros somos ciudadanos americanos desde 1917". 

Entrevista con el economista boricua José Toral

Entrevista con el economista José ToralEntrevista con el economista José ToralToral, una voz autorizada, se opone a una junta fiscalizadora. (Publicado miércoles 8 de junio de 2016)

Marco Rubio apoya la estadidad

El excandidato a la presidencia por el Partido Republicano, Marco Rubio, manifiesta su apoyo a que los puertorriqueños decidan abiertamente su futuro. Pero el político cubanoamericano cree que la consulta popular sobre si desean ser un nuevo estado de la Unión Americana tiene que ser clara y contundente: Sí o No.

Marco Rubio apoya la estadidadMarco Rubio apoya la estadidadEl excandidato a la presidencia por el Partido Republicano, Marco Rubio, manifiesta su apoyo a que los puertorriqueños (Publicado lunes 20 de junio de 2016)

La contienda política por la Gobernación

Uno de los problemas más serios que forman parte de la actual crisis es la falta de credibilidad política del gobernador García Padilla, quien prometió respaldar y garantizar con la constitución la emisión de bonos de obligación general en 2014, para después decir que no los puede pagar. Con ese lastre, el partido en el poder enfrenta una encarnizada contienda política contra diferentes partidos que aspiran a gobernar la Isla. Todos con profundas diferencias sobre cómo salir de la crisis y manejar el futuro de los puertorriqueños.

Candidatos a la Gobernación de Puerto Rico

David Bernier: candidato del Partido Popular Democrático. Un exdeportista, que presidió el Comité Olímpico de Puerto Rico. Enfrenta un duro reto electoral, pues es el candidato del partido gobernante, uno de los partidos más sólidos y dominantes, que ha sufrido un profundo desgaste debido a la actual crisis, que ha caotizado la vida de la gente en la isla.

Ricardo Roselló: candidato del Partido Nuevo Progresista. Viene de una familia política importante, pues su padre Pedro Roselló gonbernó la Isla. Con una agenda basada en la credibilidad y la transparencia en las cuentas de la deuda y el presupuesto, como estandarte para salir de la crisis, parece ser el hombre que más posibilidades tiene de destronar al actual partido en el poder.

María de Lourdes Santiago Negrón: candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, cuya propuesta fundamental es la independencia de Puerto Rico. Su situación ante el electorado es bastante precaria, debido a que la idea de independizarse de Estados Unidos no es nada popular en la Isla.

Rafael Bernabe: candidato por el Partido del Puebo Trabajador, con una agenda basada en el fuerte cuestionamiento de las políticas sociales y económicas de la actual adminstración y de los políticos establecidos, pero con poco impacto en el electorado.

Manuel Cidre: candidato independiente. Es un empresario que apuesta al desarrollo económico de Puerto Rico a través de la industria y la infraestructura, como camino para solucionar la crisis.

Alexandra Lúgaro: candidata independiente. Abogada de profesión que rompe los esquemas tradicionales de hacer política en Puerto Rico y usa las redes sociales para hacer llegar su propuesta a los electores. Sus seguidores son mayoritariamente jóvenes.

Políticos de la Isla opinan sobre la crisis

Telemundo 51 entrevistó a importantes figuras de la política en Puerto Rico, y cada uno de ellos expresó sus puntos de vista sobre la crisis financiera y sus antecedentes, al mismo tiempo que mostraron sus propuestas para sobreponerse a la complicada situación y contruir un nuevo Puerto Rico.

Entrevista con David Bernier, candidato a la Gobernación por el Partido Popular Democrático

Entrevista con David BernierEntrevista con David BernierCandidato del Partido Popular Democrático. a la gubernatura de Puerto Rico (Publicado lunes 20 de junio de 2016)

Entrevista con Pedro Pierluisi: Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, y aspirante a la Gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista.

Entrevista con Pedro PierluisiEntrevista con Pedro PierluisiComisionado Residente de Puerto Rico en Washington, y exaspirante a la Gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. (Publicado lunes 20 de junio de 2016)

Entrevista con Ricardo Rosselló, candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista

Ricardo Roselló: candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo ProgresistaRicardo Roselló: candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo ProgresistaRoselló tiene una agenda política muy clara. Para él, "la crisis no es de la deuda, sino una crisis de credibilidad". (Publicado miércoles 8 de junio de 2016)

Entrevista con Jennifer González: expresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Presidenta del Comité Republicano en Puerto Rico, portavoz del PNP, y candidata para comisionada residente.

Entrevista con Jennifer GonzálezEntrevista con Jennifer GonzálezExpresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Presidenta del Comité Republicano en Puerto Rico, portavoz del PNP, y candidata para comisionada residente. (Publicado lunes 20 de junio de 2016)

Alexandra Lúgaro, candidata indepediente a la gobernación de Puerto Rico, se opone a la aprobación de la Junta Fiscal.

Alexandra Lúgaro, candidata a Gobernadora de Puerto RicoAlexandra Lúgaro, candidata a Gobernadora de Puerto RicoLa joven abogada se opone a la Junta Fiscal que está en proceso de aprobación por el Congreso de Estados Unidos. (Publicado jueves 9 de junio de 2016)

Diagnóstico de una crisis

Los vaticinios más alarmistas, como los del gobernador García Padilla o el del Secretario del Tesoro de Estados Unidos Jacob Lew, que ha dicho que urge aprobar la HR 527 o ley Promesa, para evitar que la isla "quede en manos de los bonistas", provocando una "caótica corrección", nos presentan un escenario en el que Puerto Rico está al borde del colapso.

Ver aquí declaraciones de Jacob Lew durante su visita a Puerto Rico

La crisis que ha engendrado la aplicación de políticas intervencionistas por parte de sucesivas administraciones de la isla, independientemente de su postura ante la  estadidad, no han provocado solo una crisis financiera, como generalmente se tiende a resaltar. La crisis de Puerto Rico es mucho más grave, porque es una crisis de estructura y de identidad.

Por un lado, la economía de la Isla es improductiva, el gasto público es excesivo, las inversiones son poco rentables, el endeudamiento es irracional, y la caída del empleo completamente insostenible. Por otro lado, su condición de Estado Libre Asociado es un profundo lastre para posibilitar el desarrollo de legislaciones e instituciones que soporten el desarrollo socioeconómico y los liderazgos políticos.

Puerto Rico nunca ha tenido una economía libre. El privilegio y la corrupción van por la senda contraria a la de una economía de mercado libre. Los problemas de la economía de la Isla se deben, fundamentalmente, a la hipertrofia del estado. Un estado que ha preferido ir olvidándose de la necesidad de tomar decisiones que no son populares (el despilfarro en un sistema de salud disfuncional, por ejemplo) y tapar los problemas bajo montañas de dinero prestado. Y no se puede sostener una situación económica saludable, sin una economía capaz de ser tan libre como se necesite.

La intervención estatal en la economía, la dependencia del padrastro rico que es Estados Unidos, la necesidad de la ayuda externa para salir de la pobreza, la insistencia en opciones políticas basadas en medias verdades, las frustraciones y los sentimientos de culpa, han sido un mejunje mortal para Puerto Rico.

Ver aquí la temática de los jóvenes que abandonan Puerto Rico

Por otra parte, a la par de la hipertrofia del estado, Puerto Rico ha padecido en los últimos 100 años de una grave distrofia política. La nación padece un estado patológico, que afecta su fortalecimiento y crecimiento. La falta de liderazgo político y la apatía popular, han impedido que se encarrile por una de las dos únicas opciones legítimas que tiene: la independencia o la estadidad. La actual condición de Estado Libre Asociado es una perversión jurídica que lastima a Puerto Rico y a los puertorriqueños. La isla es una entidad débil, a la que han engordado de manera tan desmedida como artificial.

Ver aquí Puerto Rico: la Isla en fuga

Lógicamente, Puerto Rico necesita salir de la situación actual, pero la solución definitiva no es la ley PROMESA. La solución definitiva es convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos de América, o en un nuevo país soberano de América Latina. Los puertorriqueños ya votaron mayoritariamente por la primera opción, pero ni la Casa Blanca ni el Congreso de Norteamérica han querido escuchar. Tal vez les toca a los boricuas hablar más alto y más claro, porque al parecer no los escuchan. Tal vez, solo tal vez, es hora de cambiar las tácticas y las estrategias, y exigirle a Estados Unidos que si no los quieren en la nación americana, los liberen. Tal vez, solo tal vez, es hora de plantear esa disyuntiva de una vez por todas.

Créditos:

Reportero: David Rodríguez

Cámara y Edición: Yoel Rivero

Gráficas:Ana Rosa Thillet y María Rincón

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