Declaran a ex dictador incapaz de enfrentar juicio

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    AFP
    El ex dictador guatemalteco Oscar Humberto Mejia es llevado en ambulancia al Hospital Militar por orden judicial, el 25 de octubre. Mejía y otros jefes militares se declaran perseguidos por acusaciones de de genocidio en la guerra civil.

    GUATEMALA - Médicos forenses guatemaltecos determinaron que el ex dictador Oscar Mejía (1983-1986), de 80 años, tiene limitaciones mentales y físicas que le impiden enfrentar un juicio por genocidio, informó este lunes una fuente judicial.

    Los especialistas concluyeron que Mejía tiene "un trastorno mental orgánico" que dificulta su expresión y puede tener "limitaciones en su capacidad de comprensión", dijo a periodistas la titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores, tras recibir un informe de los médicos.

    El equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses diagnosticó también que el ex gobernante de facto presenta una disminución de la fuerza motora, pues pierde la movilidad de las piernas, por lo que en esas circunstancias "no está en capacidad de enfrentar un juicio", agregó.

    Mejía permanece internado en el Centro Médico Militar desde el pasado 25 de octubre, luego de que, tras estar prófugo durante 12 días, se entregara a la justicia a través de su abogado, según el cual había sufrido una parálisis cerebral.

    El ex dictador, junto con otros cuatro altos militares, uno de ellos prófugo, es acusado por el Ministerio Público (Fiscalía) de los delitos de genocidio y otros crímenes de guerra.

    Organizaciones de derechos humanos le acusan de impulsar planes militares contrainsurgentes a través del exterminio del poblaciones indígenas durante el conflicto armado interno que sufrió este país de 1960 a 1996.

    Mejía gobernó Guatemala tras dar un golpe de Estado al también ex dictador y actual diputado Efraín Ríos Montt. Ambos periodos son considerados los más cruentos de la guerra civil, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según Naciones Unidas.

    Veteranos militares pidieron este lunes que "cese la persecución" penal contra altos mandos acusados por violación de derechos humanos, tras señalar que defendieron al Estado ante la "agresión armada" de "facciones terroristas marxista-leninistas agrupadas" en la ex guerrillera Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).