GUATEMALA - El presidente que elegirán los guatemaltecos el domingo, entre los derechistas Otto Pérez y Manuel Baldizón, heredará un país en bancarrota, golpeado por la violencia del crimen organizado y los poderosos carteles del narcotráfico.
Un total 7,3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sucesor del socialdemócrata Alvaro Colom a partir de enero, tras la primera vuelta del 11 de septiembre que dejó al general retirado Pérez como favorito, así ratificado en los últimos sondeos.
En caso de ganar las elecciones, Pérez sería el primer militar en la Presidencia en 25 años.
"El nuevo gobierno tiene que llamar a grandes acuerdos de nación, porque la situación está muy difícil, con falta de recursos para combatir la pobreza y la desigualdad, una violencia desbordada y una deuda pública cada vez más grande", afirmó a la AFP el politólogo Marco Antonio Barahona.
Un índice anual de 48 homicidios por cada 100,000 habitantes, seis veces más alto que la media mundial, habla claro de los problemas más graves que aquejan a los guatemaltecos: una violencia exacerbada y una cultura de impunidad.
La promesa de Colom de "combatir la violencia con inteligencia" quedó en el papel al cabo de cuatro años de gestión: las autoridades reconocen un promedio de 18 muertes violentas por día, 42% relacionadas con el narcotráfico.
En íntima relación con las mafias de la droga, las "maras" o pandillas juveniles siguen proliferando, convertidas ahora en brazos armados de los cárteles del narcotráfico.
En ese contexto, la propuesta de "mano dura" de Pérez, del Partido Patriota, parece haber calado en los electores, pese a las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos que gravitan en su contra.
La promesa de restablecer la pena de muerte hicieron otro tanto en favor de Baldizón, un empresario derechista vinculado por sus detractores con el crimen organizado, que a la cabeza de la agrupación Libertad Democrática Renovada logró forzar al balotaje.
Una de las situaciones más complejas en este país centroamericano es que el crimen organizado infiltró organismos del Estado como la policía y la justicia, acentuando la impunidad.
El panorama económico tampoco pinta prometedor con una deuda pública cercana de los 10,400 millones de dólares, un déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto y una de las cargas tributarias más bajas de América Latina (10.4%).
