CHICAGO - Dos grupos defensores de los derechos humanos de Chicago denunciaron hoy el maltrato a inmigrantes detenidos para deportación en cárceles de condados del Medio Oeste, y pidieron al presidente el cierre de tres de esas prisiones.
El informe "Not too late for Reform" (No es demasiado tarde para reformar) afirma que han transcurrido dos años desde la promesa de mejorar el sistema seguido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "y las condiciones deplorables de confinamiento se mantienen" en algunos centros de detención.
El informe fue realizado por el Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) y la Coalición del Medio Oeste para los Derechos Humanos, y se centra en las condiciones de reclusión de indocumentados -incluyendo niños- en las cárceles Jefferson County y Tri-County de Illinois, además de Boone County en Kentucky.
Los casos estudiados incluyen 21 visitas realizadas a esos centros por abogados de ambas organizaciones, entre agosto de 2009 y noviembre de 2011.
Las tres prisiones analizadas están bajo jurisdicción de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Chicago, que en el Medio Oeste trabaja con 26 establecimientos carcelarios que diariamente alojan un promedio de 200 indocumentados a la espera de ser deportados.
El informe sostiene que el compromiso del Gobierno de presentar "programas alternativos de detención" está muy lejos de la realidad, y "es imposible de cumplir con la política actual de detener masivamente a los inmigrantes".
Afirma que los planes actuales del Gobierno de abrir por lo menos cinco centros de detención privados "ignoran las violaciones rutinarias de los derechos humanos de los detenidos cometidas por corporaciones privadas administradoras de prisiones". Como ejemplos menciona que en la prisión de Jefferson County los detenidos de ICE pasarían hambre, recibirían una comida caliente cada dos semanas, carecerían de atención médica a menos que puedan pagarla, no podrían cambiarse o lavar sus ropas y serían intimidados si quieren hacer denuncias.
En Tri-County solamente hay un teléfono para cada 50 detenidos, quienes tienen problemas para contactarse con sus familias o abogados.
En general, el informe denuncia que en los establecimientos de detención del Medio Oeste los indocumentados son sometidos a un régimen correccional, en lugar de civil, con un control total de sus movimientos que a menudo les prohíbe el acceso al recreo exterior.
"Muchos de estos individuos son elegibles para permanecer legalmente en los Estados Unidos, pero están tan aislados de sus abogados, proveedores de servicios sociales o comunidades inmigrantes que ICE los deporta antes que puedan recibir ayuda", dice el informe.
Por ejemplo, Boone se encuentra a 450 kilómetros de distancia de Chicago y para acceder a esa cárcel en transporte público se necesitan unas 14 horas de viaje, agrega
