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PHOENIX - Más de dos años después de que fue promulgada, la parte más controvertida de la histórica ley de inmigración de Arizona está por entrar en vigencia tras el fallo de un tribunal federal el miércoles en la noche.
Pero la Corte Suprema de Estados Unidos abrió un campo minado en el ámbito jurídico a través del cual debe navegar ahora el gobierno de Arizona cuando empiece a aplicar la controversial disposición.
La cláusula, una de las pocas significativas que el alto tribunal mantuvo en un veredicto en junio, requiere que todos los policías de Arizona verifiquen la situación migratoria de las personas que detengan cuando apliquen otras leyes y sospechen que no tienen permiso para estar en Estados Unidos.
Sin embargo, aunque preservó ese requisito, el máximo tribunal dejó explícitamente abierta la puerta a discusiones de que la ley conduce a la violación de derechos civiles. Los abogados necesitarán que las víctimas demuestren esa situación.
Varios activistas por los derechos civiles se alistan para registrar todo el estado en busca de ese tipo de víctimas. Lydia Guzmán, que dirige el grupo Respect/Respeto, dijo que los voluntarios de su central telefónica tienen instrucciones de atender las quejas que se presenten cuando se empiece a aplicar esa disposición.
"Estamos atentos y en espera de casos", declaró la directora del grupo, que está radicado en Phoenix y da seguimiento a los casos de encasillamiento racial.
A menos que haya una impugnación de emergencia exitosa contra el fallo del miércoles ante una corte de apelaciones -algo que observadores jurídicos estiman improbable-, se espera que la disposición empiece a regir en los próximos días.
La juez federal de distrito Susan Bolton rechazó los argumentos de los abogados que le pidieron que evitara la vigencia de la cláusula. Bolton señaló que la Corte Suprema había considerado que debía permitirse la promulgación de esa medida.
La policía de Arizona estaba, en términos formales, entrenada para la instrumentación de la ley poco después de que la gobernadora Jan Brewer la convirtió en legislación en 2010. Los jefes de algunas de las fuerzas policiales más grandes del estado -los departamentos de policía de Phoenix y Tucson y la comisaría del condado de Pima- criticaron la ley, pero al final dijeron que obedecerían las partes que las cortes determinen se apegan a la Constitución.
"Nosotros hacemos respetar leyes aprobadas por nuestros legisladores", precisó el sargento Tommy Thompson, vocero de la policía de Phoenix, en declaraciones el miércoles en la noche, y señaló que el nuevo requisito no entra todavía en vigencia.
El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, que ha sido el jefe policial públicamente más agresivo en la persecución de los inmigrantes irregulares, dijo el miércoles en una entrevista que sus agentes ya verifican la condición migratoria de sospechosos con los que se topan. Arpaio, que apoya la ley, anticipó que no espera nada nuevo salvo un aumento en el número de las demandas.
El autor de la legislación, el ex senador estatal Russell Pearce, dijo que no prevé cambios drásticos en la manera en que la policía local se conduzca una vez que empiece a aplicarse la disposición.
"No estoy pidiendo redadas, no estoy pidiendo nada, sino que se ponga atención y se haga nuestro trabajo", afirmó. "No es que queramos gente en la cárcel. Queremos cumplimiento".
El profesor de derecho Peter Spiro, que enseña en la Universidad de Temple y ha seguido el conflicto legal de dos años, advirtió que Arizona continúa en un difícil embrollo jurídico.
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