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LOS ANGELES - Los inmigrantes en situación irregular que sean detenidos por delitos menores en el condado de Los Angeles ya no serán entregados automáticamente a las autoridades de inmigración para luego ser probablemente deportados, de acuerdo con una nueva directriz del alguacil Lee Baca.
Esta nueva directriz, que Baca dio el miércoles a su personal y asesores legales, podría entrar en vigor a fines de año, dijo el miércoles el portavoz Steve Whitmore.
"Lo último que el alguacil quiere es que arrestados por delitos menores o víctimas, especialmente víctimas, no se nos acerquen porque creen que pueden ser detenidos", dijo el portavoz.
La decisión de Baca es un revés para el programa federal Comunidades Seguras, a través del cual policías locales notifican electrónicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) cada vez que detienen a un inmigrante que vive en el país sin autorización legal.
Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y de antecedentes penales del FBI. Si se confirma que el arrestado carece de autorización para vivir en el país legalmente, se inicia un proceso que suele terminar en la deportación.
Hasta ahora, Baca había cooperado completamente con Comunidades Seguras, acatando órdenes de detención también contra inmigrantes sin papeles arrestados por delitos menores.
Debido a esta cooperación, Baca ha sido fuertemente criticado por activistas proinmigrantes, quienes lo han acusado de ser tan cruel como su homólogo del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio.
El giro del alguacil, sin embargo, no aplacó la crítica de Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, quien se mostró escéptico ante la novedad.
"Hasta no ver de qué se trata, no podemos cantar victoria absoluta", dijo el activista. "Necesitamos ver números concretos. Si éste es el punto de partida para negociar, es buen paso. No puedo decir, como miembro de una comunidad que ha sufrido tanto, que esto es una victoria. Es como si te clavaran un puñal hasta el fondo y sólo porque te quitan dos pulgadas dices que es una victoria".
Baca cambió de opinión un día después de que la procuradora estatal Kamala Harris emitiera una directriz que indica que los departamentos de policía y alguaciles no están obligados a acatar las órdenes federales de detención.
"El alguacil cambió de opinión porque la directriz de Harris aclara la confusión que había. Él está tomando esta opinión muy en serio", dijo Whitmore. "Él tenía la impresión de que la interpretación legal que tenía indicaba que tenía que cooperar con el ICE".
La agencia, sin embargo, seguirá acatando le orden de detención federal en casos de inmigrantes arrestados por delitos graves.
A través de un comunicado, el ICE dijo que sigue comprometido a seguir trabajando con agencias policiales locales para asegurar y mantener el orden y la seguridad pública.
"El gobierno federal es el único que establece estas prioridades y ordena las detenciones de personas arrestadas por delitos graves para asegurarse de que los peligrosos extranjeros acusados o convictos por delitos graves y otras personas de prioridad no salgan de la cárceles y prisiones a nuestras comunidades", dijo la portavoz del ICE, Virginia Kice.
Debido a que la nueva directriz está por formularse, se desconoce cuántos inmigrantes arrestados y sin autorización legal para vivir en el país podrían beneficiarse, aclaró el portavoz, quien tampoco se adelantó a decir si es la nueva política sería retroactiva o no.
"Estos son detalles que tienen que ser discutidos", agregó el portavoz, señalando que ICE y ejecutivos de las cárceles también serían parte de esta negociación.
Whitmore, sin embargo, indicó que alrededor del 20% de los cerca de 18,600 encarcelados ahora en el condado son extranjeros.
El año pasado, más de 18,000 inmigrantes latinos, la mayoría delincuentes de mediano o bajo riesgo, fueron transferidos de las cárceles del condado de Los Angeles a centros de detención de inmigración, de acuerdo con un estudio realizado en abril por el alguacil y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles
Los hispanos en cuestión representaron el 92% del total de 19,725 transferidos al ICE. Del total, 8,574 (43%) fueron reos de "bajo riesgo", mientras que 10.713 (54%) fueron de "mediano riesgo", agrega el informe.
Las transferencias se deberían en parte a la colaboración del alguacil con Comunidades Seguras, en vigor desde el verano del 2009, aunque el estudio no mencionó este programa federal.
Cifras del ICE sobre el condado de Los Angeles, por otro lado, indican que 10,354 inmigrantes arrestados por delitos menores fueron deportados desde el inicio de Comunidades Seguras hasta agosto pasado. No todas estas deportaciones, sin embargo, son resultado del programa federal.
