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MONTGOMERY, Alabama - Cincuenta y siete años después de que un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera un fin oficial a la segregación racial, Alabama revive una nueva crisis de derechos civiles que, esta vez, atenta contra la dignidad de los hispanos.
"Es vergonzoso y doloroso que casi 50 años después de la quema de una iglesia de Birmingham en la que murieron cuatro niñas negras (1963) estemos en una nueva crisis de derechos civiles", dijo a la AFP Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.
La ley migratoria denominada HB56, promulgada el 28 de septiembre en Alabama fue tan lejos en su intento por frenar la inmigración ilegal -en su mayoría de obreros latinoamericanos y sus familias-, que esta comunidad ha escapado en masa de este estado del sureste estadounidense, epicentro de la lucha por los derechos civiles de los negros, encabezada por Martin Luther King hace más de medio siglo.
"Las personas están huyendo del estado, tienen miedo de salir de sus casas, se les está convirtiendo en delincuentes. Es una vergüenza que esto esté sucediendo en la cuna del movimiento de derechos civiles", apuntó Brooke.
Aún está fresco en la memoria del estado el boicot de los autobuses iniciado por el pastor Martin Luther King en 1955 después de que Rosa Parks, una mujer negra, fuera arrestada por violar las leyes segregacionistas de Montgomery, al negarse a ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús.
La nueva ley antiinmigrantes es una mala señal para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y en especial para los 130.000 que residían en Alabama, según estimaciones del Centro Pew Hispanic, antes del actual éxodo que describen organizaciones humanitarias en el estado.
Esta legislación, la más dura promulgada en el país contra los inmigrantes sin papeles, concede a la policía el poder detener a todo inmigrante que haya cometido una infracción y parezca residir ilegalmente en Estados Unidos, pudiendo así intercambiar información con la agencia de inmigración para deportarlos.
