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PHOENIX - Con el argumento de que los que se oponen a la ley migratoria de Arizona simplemente están haciendo suposiciones de que provocará encasillamiento racial, los abogados de la gobernadora Jan Brewer pidieron a una jueza federal rechazar un intento para evitar que la policía aplique la sección más controvertida del estatuto.
Los abogados de la gobernadora republicana dijeron en documentos entregados el viernes a la jueza federal de distrito Susan Bolton que debe permitirse que entre en vigor la cláusula de la ley que permite a la policía verificar el estatus migratorio de las personas a las que marcan el alto por razones no relacionadas con la ley migratoria.
Los que se oponen han llamado a ésta la cláusula "muéstrame tus papeles", y dicen que inevitablemente conducirá a discriminar a los hispanos.
Una coalición de grupos de derechos civiles, religiosos y empresariales que se opone a la ley lanzaron un nuevo ataque después de que la Corte Suprema ratificó en junio la sección en cuestión y rechazó otras.
Los opositores pidieron a Bolton impedir su aplicación antes de que entre en vigor, con el argumento de que los latinos en Arizona podrían ser blanco de racismo sistemático y detenciones injustificadamente prolongadas si esa cláusula se aplica.
También argumentaron que los operativos especiales, conocidos como barridas migratorias, lanzados en años recientes por el jefe de policía del condado Maricopa, Joe Arpaio, demuestran que esa medida afectará desproporcionadamente a los latinos.
La oficina de Arpaio fue demandada por un pequeño grupo de latinos y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de actuar con racismo, una acusación que el alguacil ha negado categóricamente.
Los abogados de Brewer dijeron que los detractores no han podido demostrar que la medida "muéstrame tus papeles" causará un encasillamiento racial o detenciones prolongadas de latinos. También indicaron que las acusaciones contra la oficina de Arpaio no están relacionadas con esta ley que fue promulgada en 2010.
Los defensores de la gobernadora también señalaron que la ley prohíbe explícitamente políticas discriminatorias y que el entrenamiento de la policía estatal y oficinas de licencias desarrolló estándares para que las fuerzas del orden eviten el encasillamiento racial.
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