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CHARLOTTE (Carolina del Norte) - Un juez federal en Carolina del Sur decidió que mantendrá bloqueada algunas previsiones de la ley de inmigración SB20 hasta que una corte de apelación decida sobre el caso.
Esta decisión supone que los agentes del orden público del estado no podrán cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas por diferentes infracciones, a pesar que el Tribunal Supremo dejó intacta dicha previsión en su veredicto del mes pasado sobre la ley de Arizona SB1070.
El juez de distrito Richard Gergel afirmó que no tiene jurisdicción para alterar su decisión del año pasado, porque el estado apeló a su bloqueo a la Corte del Distrito 4, que ahora deberá tomar una decisión o devolverle el caso para su reconsideración.
El Gobierno federal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpusieron una demanda en 2011 contra el estado por considerarla que la SB20 "es inconstitucional, discriminatoria e incita al perfil racial”.
El estado de Carolina del Sur busca que el caso se decida en la corte de apelación.
La Policía estatal comenzó en enero pasado a contratar y entrenar a los oficiales que comenzarán a dar cumplimiento de esa parte de la ley, que otorga a los agentes poderes especiales para detener a personas "sospechosas" de ser indocumentadas.
"Los agentes se llevarán por el aspecto de la persona o acento en inglés para indagar su situación migratoria. Esto es antiamericano y no podemos permitirlo", afirmó a Efe Roberto Belén, miembro del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur.
El juez también ordenó al estado entregar un reporte sobre las negociaciones que ha realizado hasta el momento con las autoridades federales de inmigración para el entrenamiento de los oficiales bajo el programa 287g.
No está claro si el juez federal también analizará otras cláusulas bloqueadas de la SB20 como la que convierte en delito estatal no portar documentos de inmigración o penalizar a las personas que asistan o albergue a los indocumentados.
En su decisión del 25 de junio, el Tribunal Supremo bloqueó las cláusulas 3, 5 y 6 de la SB1070.
Una convertía en delincuentes a los indocumentados que obtengan o simplemente soliciten un trabajo; otra autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que hayan cometido un delito que sea causa de deportación, y la tercera exigía a los inmigrantes que se registraran ante el Gobierno federal.
