Este lunes entró en vigor una nueva ley de bancarrotas que hará más difícil acogerse a la protección de la corte para no pagar deudas. Además, de ahora en adelante quienes hagan peticiones de bancarrota tendrán que pagar bastante más a la hora de presentar sus casos.

El aumento en el costo se debe a que se espera que debido a la complejidad de la nueva ley los abogados de bancarrotas aumenten sus honorarios hasta en un 100 por 100 para sufragar los nuevos gastos de procesamiento y de papeleo.

Estos son otros de los cambios que ya han entrado en vigor:

Por lo general, antes sus bienes eran liquidados y los recursos obtenidos eran entregados a quienes se les debía el dinero. Pero dado que cuando se declara quiebra lo normal es que no existan bienes sino únicamente pasivos, las compañías de tarjetas de crédito y otras entidades crediticias se quedaban sin poder cobrar un centavo y tenían que cerrar sus cuentas, dando a los morosos un "comienzo fresco".

Todavía habrá casos en que se pueda hacer lo anterior, pero serán muchos menos y el sistema de calificación será mucho más restrictivo. Este sistema operará según parámetros de ingresos y dependiendo de la capacidad del peticionario para pagar lo que debe.

Por ejemplo, si el ingreso familiar es de 40,000 dólares por año el juez de bancarrota podrá determinar que usted es capaz de pagar a plazos aunque sea sólo una parte de lo adeudado y no le otorgará el "comienzo fresco" que antes era relativamente sencillo de obtener.

Ahora quien pida protección de bancarrota por lo general será asignado a un plan de pagos de un máximo de cinco años. Cualquier deuda que quede después de ese plazo no tendrá que pagarse. El monto de los plazos lo fijará un juez siguiendo parámetros de ingresos.

Los legisladores que propusieron la medida argumentaron que muchos consumidores se aprovechaban de la ley del "comienzo fresco" para no tener que abonar lo que debían.

Bajo la nueva ley quienes pidan bancarrota deberán reunirse durante 90 minutos con consejero acreditado en asuntos de crédito seis meses antes de pedir alivio ante la corte.

Y antes de que quede eliminada su deuda, el peticionario deberá completar y pagar un curso sobre uso juicioso del dinero.